La decisión de un juez argentino de secuestrar el avión de Emtrasur y entregarlo al Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos no es sino la oficialización de un despojo que viene preparándose desde el primer día de esta especie de novela por entregas.
Hasta el jueves 11 de agosto se pretendió hacer ver que había avances positivos para Venezuela, pero la realidad seguía siendo la misma que ya denunciaba en junio pasado el presidente de la aerolínea, César Pérez: la retención del Boeing 747-300 y el proceso judicial abierto a sus tripulantes por parte de las autoridades del país sureño es parte de la persecución política de Estados Unidos, pues no hay razones legales ni técnicas para tales medidas.
Los 19 tripulantes, 14 venezolanos y 5 iraníes, han permanecido retenidos ilegalmente en Argentina “mientras Estados Unidos intenta robar la aeronave con el beneplácito de la ‘justicia’ argentina y el silencio del gobierno de Alberto Fernández”, según lo reseña la periodista Orlenys Ortiz, quien se ha dedicado por completo al caso. El día 11 se concretó el robo.
Ahora hay más razones para sostener la denuncia sobre la injerencia estadounidense, pues la aeronave fue entregada al FBI que actúa así como “policía internacional”, un papel autoasignado pero que cuenta con el respaldo de gobiernos obsecuentes.
La situación es tan absurda que en el apartado del expediente correspondiente a la causa de la imputación se lee «Por determinar», es decir que en el tiempo transcurrido desde la irregular detención, no se ha podido indicar siquiera el delito por el que se abrió la investigación.
El montaje es tan ramplón que Agustín Rossi, jefe del Servicio de Inteligencia de Argentina, aseguró que “no hay ningún dato que permita afirmar que existe una amenaza terrorista. El motivo del viaje del avión está perfectamente justificado y el contrato del transporte de carga está en orden.
Un juez macrista
Un fallo anterior de Federico Villena, juez federal a cargo de la causa, había dividido a la tripulación en tres grupos: a 12 de los integrantes del equipo se les levantó la prohibición de salida del país y se ordenó devolverles sus pasaportes; a dos de los iraníes se les mantuvo en la situación anterior, mientras se analizan sus comunicaciones telefónicas (tarea dificultada por ser mensajes en idioma persa); y otros cinco tripulantes siguen con la prohibición de salida y la retención de los pasaportes.
El juez Villena llegó a su cargo por ser uno de los validos de Silvia Majdalani, a quien se catalogó como uno de los factores de poder en el sistema inteligencia de Mauricio Macri, y de María Eugenia Vidal, quien fue gobernadora de la Provincia de Buenos Aires desde 2015 hasta 2019, según el portal Misión Verdad, citando al diario porteño La Nación.
Vidal participó en el robo de bienes venezolanos en Argentina, concretamente en los muelles de Dock Sud, en la provincia bonaerense. Violentó los candados de la empresa venezolana Petrolera del Cono Sur S.A. (PCSA), filial de PDVSA, encargada de la distribución de combustibles en el Río de la Plata y operadora de una planta de distribución de combustibles y varias estaciones de servicio. Desde su cargo, Vidal fue cómplice del supuesto gobierno interino de Juan Guaidó, apoyando a Elisa Trotta Gamus, pseudoembajadora durante los años finales de la era Macri.
Antecedentes
El 6 de junio el avión aterrizó en Buenos Aires con una carga de repuestos automovilísticos procedente de México, luego de recargar combustible en Venezuela. A bordo iban 19 tripulantes: 14 venezolanos y 5 iraníes, en calidad de instructores. Era la quinta operación que realizaba, transportando mercancía.
César Pérez, a nombre de la empresa filial de Conviasa, ha insistido en que el viaje estaba perfectamente programado y autorizado. “Toda operación de aviación comercial es previamente planificada. No cabe la improvisación. En este caso, para realizar esa operación teníamos todos los permisos concedidos y toda la ruta planificada y estaba prepagado el combustible en Argentina”, explicó a finales de junio en una entrevista con el portal LaIguana.TV.
En las primeras horas todo funcionó según lo previsto, a pesar de que tuvieron que desviarse por razones meteorológicas al aeropuerto alterno de Córdoba. En breve plazo estuvieron en Ezeiza (el terminal que sirve a Buenos Aires). Fue al día siguiente, cuando retornaron al avión y se encontraron con la sorpresa de que no le iban a abastecer combustible, por decisión de la empresa Shell, que alegó que Conviasa está sancionada por “terrorismo” en Estados Unidos.
Ante la situación, se decide ir a Uruguay, que era la alternativa más cercana. Cuando ya están llegando, la autoridad aeronáutica de esa nación les notificó que no tenían permiso para entrar a su espacio aéreo, por instrucciones del Ministerio de Defensa.
Al retornar a Ezeiza comenzaron las medidas de seguridad, las largas esperas obligadas, y luego se produjo la retención de los pasaportes. Se había dado inicio al rocambolesco proceso judicial, mientras la prensa argentina, adversaria jurada del proceso revolucionario venezolano, desplegó toda su capacidad de intriga y generación de fake news.
Se dijo que no era en realidad un transporte de carga, sino una fachada para actividades terroristas y se indicó, como supuesta prueba, que uno de los tripulantes era un general de la Guardia Revolucionaria de Irán. En realidad se trata de un piloto civil que lleva el mismo nombre del oficial que, para colmo, falleció hace bastante tiempo.
“Han dicho también que el número de tripulantes es excesivo porque lo normal es entre cinco y siete. Eso es así cuando se tienen las tripulaciones entrenadas. La empresa ha enviado toda la documentación que explica el plan de adiestramiento que se está cumpliendo. Hemos dejado claro que esas personas no están de paseo”, dijo el presidente de Emtrasur.
Balance al iniciar agosto
Trascurridos más de dos meses desde la negativa a surtirle combustible y la retención arbitraria del avión y de sus tripulantes, el caso sigue sin tener siquiera un hecho punible concreto como base de la acusación. Todas las señales han apuntado siempre a que tal operación pseudojudicial responde al mandato de Estados Unidos de seguir robando activos del pueblo venezolano mientras mantiene una supuesta política de acercamiento y distensión a cambio de petróleo. Con la decisión de entregar el avión al FBI se completa la maniobra.
La patraña queda reflejada en lo señalado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, cuando reveló que una fiscal que lleva el caso, Cecilia Incardona, visitó las embajadas de Estados Unidos y de Israel. “¿Fue a pedir una visa para ir a Disney? No, fue a cobrar y a que le dieran el pago correspondiente para cometer el secuestro… Así de asqueroso es ese tema, cuando dicen que es un caso que le corresponde al Poder Judicial, uno se pregunta ¿cuál Poder Judicial? Esa podredumbre, esa señora que recibe instrucciones directas de la embajada de los Estados Unidos, ¿eso es un poder judicial independiente? No. Es un sistema judicial arrodillado, es una violación de derechos humanos elementales y al derecho internacional”.
