Las movilizaciones desde la provincia hacia Lima tienden a incrementarse en la misma medida que el Gobierno de Boluarte envía cuerpos militares y policiales a las regiones del Perú profundo: como Puno, Cusco, Arequipa y Callao
Como una consecuencia lógica de pretender tapar el sol con un dedo, la crisis política en la República del Perú procuró ser resuelta por una desacreditada clase política limeña y una oligarquía con todas las características excluyentes y racistas, propias del colonialismo que dejamos atrás hace casi dos siglos, echando del Poder Político a un Pedro Castillo que logró elevar la masa crítica de anhelos de cambio democrático en el pueblo peruano, más no emprendió el trabajo para el cual fue electo Presidente de la República.
Quienes decidieron desde el primer momento evitar todo cambio posible, impidiendo que Castillo pudiera desarrollar cualquier agenda de gobierno, cayeron en la torpeza política de creer que al salir de él culminaba el mar de fondo de tensiones políticas en el Perú.
Todas ellas se han ahondado al punto del rechazo masivo que empieza a experimentar Dina Boluarte en su manejo de esta situación que ha hecho ebullición con más de cincuenta muertos en las calles y cientos de heridos, a la fecha de redacción de este artículo, en momentos donde la fulana y tan cacareadora «comunidad internacional» parece poco interesada en otra cosa que no sea solapar el ejercicio del poder por parte de quien no ha resultado legitimada en ningún momento para su ejercicio; al estilo del amparo y protección que recibió en su momento la dictadora Jeanine Añez y su gobierno de facto en el Estado Plurinacional de Bolivia.
De hecho, los estudios estadísticos a lo interno del propio Perú avalan poco o nada la gestión de Boluarte. Un estudio reciente del Instituto de Estudios Peruanos da cuenta de varios items nada favorables ni para su gobierno ni para quienes fraguaron este golpe a la voluntad democrática de cambios pacíficos que sigue anhelado ese Perú profundo fuertemente agredido.
Por un lado, el 71% de la población consultada rechaza abiertamente la gestión de Boluarte; mientras el 58% expresa que hubo excesos claros por parte de las fuerzas de seguridad en la atención de las protestas y la represión que se ha desatado luego de desalojar a Castillo del Poder.
Por su parte, el Congreso no cuenta con respaldo popular; siendo que el 88% de los consultados lo rechazan abiertamente, cuestión que condiciona la creciente tensión política existente y que, en no pocos sectores, fundamenta la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente dentro de un marco de nuevas elecciones que encaucen el reclamo de las transformaciones demandadas hoy por ese pueblo; pero ademas evidenciadas en una crisis política que no se ha detenido en los últimos años.
Finalmente, 60% de los encuestados y encuestadas expresan que están plenamente justificadas las razones de fondo que han causado la protesta. Son síntomas de la ceguera de una clase política tradicional que ha pretendido ahogar en sangre y fuego cualquier expresión contraria a sus intereses; al tiempo de tratar de preservar un sistema político que vive hoy una crisis incluso mucho peor a la que, en su contexto, desencadenó la salida de Alberto Fujimori del poder en noviembre del año 2000.
A pesar de todo esto el desacreditado Congreso, uno de los causantes de la creciente crisis política, decidió el pasado 20 de diciembre mantener la convocatoria a elecciones para el mes de abril de 2024; cuestión que no ha hecho otra cosa que avivar la protesta en ese país.
Sin embargo, a todo lo anterior, y a pesar de que es evidente la vulneración del derecho democrático de quienes eligieron libremente a Pedro Castillo como presidente, cuestión jamás aceptada por quienes hoy asumen ropajes de falsa defensa de la institucionalidad, Boluarte sigue contando con apoyo del establecimiento político peruano que fraguó el derrocamiento de Castillo.
En tal sentido, podemos observar las declaraciones recientes del primer ministro de ese país, Alberto Otárola, quien ha desestimado cualquier posibildad de renuncia de Dina Boluarte; mientras llama a un «diálogo democrático», acción que paradójicamente nunca fue el sello de conducta política en el período durante el cual Pedro Castillo ejerció la primera magistratura de esa Nación.
“La salida es que los peruanos nos entendamos, nos sentemos a conversar y podamos tener un diálogo democrático sobre la base de varias plataformas (…) La historia nos juzgará, más adelante se verá si lo hemos hecho bien o mal. Mientras tanto tenemos la conciencia absolutamente tranquila”; dijo Otárola en una reciente intervención televisiva, al tiempo de afirmar que la renuncia de Boluarte sería una eventual concesión a un «pequeño grupo organizado de violentistas«; de acuerdo a su percepción.
Esto último llama la atención de cualquier analista, ya que se trata de imponer la narrativa de grupos violentos entre quienes manifiestan en el Perú ante la maniobra antidemocrática observada; pero en otros casos de “lawfare”, golpes de Estado, o revoluciones de colores; planificados desde el extranjero e implementados en la región, se expresan a viva voz y con una defensa a ultranza; colocando por todos los medios posibles tales acciones como parte de una genuina y evidente «lucha democrática».
Mientras el doble rasero se impone a la hora del análisis, por parte de quienes ven la democracia de acuerdo a sus intereses o ideas, y no a la situación derivada de los hechos concretos; la realidad es que las movilizaciones desde la provincia hacia Lima tienden a incrementarse en la misma medida que el Gobierno de Boluarte envía cuerpos militares y policiales a las regiones del Perú profundo: como Puno, Cusco, Arequipa y Callao; en una acción que lejos de aplacar la situación concreta parece echarle más gasolina al fuego.
Es menester esperar alguna rectificación de quienes crearon una crisis política peor con la salida de Pedro Castillo del poder; cuestión que ha demostrado que la voluntad de cambio de los peruanos y peruanas, y la necesidad de encauzar esto de manera urgente, va más allá de quien no pudo ejercer a plenitud el cargo de Presidente, o no tuvo mayor capacidad o intención de hacerlo; lo cual culminó en una vulneración abierta de la decisión democrática de la mayoría de ese pueblo.
Rasgos significativos de las maniobras crecientes de la derecha regional para dar al traste con la democracia y la voluntad de los pueblos, cuando esta no les favorece en los procesos electorales, como expresión política que pretende imponerse con naturalidad en la región; tal como vimos no solo en Perú; sino en el propio Brasil a inicios de año.
