Por Celso Guanipa Castro
Mario Abdo Benítez (46 años), del gobernante Partido Colorado, asumió por cinco años la Presidencia del Paraguay, con la promesa de devolver la institucionalidad al país, eliminar la corrupción, a la que calificó como el mayor cáncer que tiene la nación, y la impunidad, causas, dijo, del atraso del país.
Abdo Benítez juró ante el presidente del Congreso, Silvio Ovelar, después de que lo hiciera el nuevo vicepresidente del país, Hugo Velázquez. Entre los mandatarios que asistieron a la ceremonia estuvieron el presidente boliviano, Evo Morales; la de Taiwán, Tsai Ing-wen, así como los jefes de Estado de Argentina, Mauricio Macri; Uruguay, Tabaré Vázquez; de Colombia, Iván Duque, de Guatemala, Jimmy Morales, y el presidente de facto brasileño, Michel Temer.
Unos 2370 uniformados, incluyendo a cinco generales, 70 oficiales, 200 oficiales subalternos, 400 cadetes, 950 suboficiales y casi 800 tropas desfilaron frente al presidente.
La paciencia de los paraguayos con los corruptos ha llegado al límite, titula el conservador ABC Color su editorial: “El presidente, en síntesis, debe enfrentar decididamente a la corrupción, a los corruptos y a la impunidad que los protege. Es de esperar que se haya dado cuenta de que la paciencia de los paraguayos con los que acumulan riquezas malhabidas ha llegado al límite y, por tanto, no queda espacio para nuevos engaños ni nuevas decepciones”.
Sin demasiada fuerza interna, Abdo se encarga de apuntalar la red internacional que espera le garantice la estabilidad política y que requiere un gobierno debilitado incluso antes de asumir. Estuvo en días pasados en Washington, donde se reunió con el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin; con el secretario de Comercio, Wilbur Ross; con la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, y con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, además de programar un encuentro con el senador republicano Marco Rubio, sindicado como propulsor y financista de la oposición radical venezolana.
Mientras en Nueva York, se reunió con representantes de las agencias de calificación Moody’s y Fitch, así como de bancos y fondos de inversión, en busca de recursos e inversión extranjera, avanzó en la cesión de la soberanía energética a favor de Argentina en la represa de Yacyretá por otros 40 años, después de la aprobación de las notas reversales del acuerdo Cartes-Macri, que contó con la anuencia de una mayoría de legisladores del país. Abdo, trata de esa forma, consolidar la alianza con los vecinos inmediatos y asegura un trato de favor de la comunidad política más cercana.
Entre sus principales aliados políticos se encuentran el legislador colorado Juan Carlos «Calé» Galaverna, influyente político que también llevó a Cartes a la presidencia; Enrique Bacchetta, un abogado con tentáculos en el Poder Judicial; la excandidata presidencial Blanca Ovelar y el pastor de una iglesia evangélica Arnoldo Wiens. En Diputados, uno de sus principales referentes es José María Ibáñez, procesado por corrupción.
Es además empresario de la construcción, propietario de dos empresas: Almacenamiento y Distribución de Asfalto (Aldía SA) creada en 1997, con la cual entre los años 2010 y 2014 obtuvo contratos con el Ministerio de Obras Públicas y la Municipalidad de Asunción por valor de 18,5 millones de dólares; y, Creando Tecnología SA (Createc SA) que facturó en el mismo periodo, también al Estado, otros 3,8 millones de dólares. Las adjudicaciones del Ministerio de Obras Públicas bajaron a cero tras su alejamiento del entorno del presidente Horacio Cartes para liderar la disidencia.
El gobierno de Horacio Cartes no solamente se caracterizó por los negociados y la turbulencia deliberada en busca de consolidar su régimen, sino también le deja un legado a “Marito”, hijo del secretario privado del dictador Alfredo Stroessner, con números rojos: la pobreza total pasó de 28% en el 2013 a 26,4% en el 2017, y la pobreza extrema bajó de 5,59% a 4,41%. Esto significa que 1.800.000 paraguayos viven en condiciones precarias y casi 300.000 de ellos están en alta vulnerabilidad.
Según la Dirección de Estadística, el desempleo subió del 5% (2013) al 6% (2017). La tasa de desocupación en lugar de bajar como producto del crecimiento. La deuda pública total que era de 4.174,2 millones de dólares en 2013 se disparó a 7.761,3 millones a junio de este año. Un aumento de 85,9% en cinco años, que equivale a 3.587,1 millones de dólares más (24,3% del PIB).
El periodo electoral marcó cinco meses de tregua en los que la mirada pasó de la pobreza, el desempleo, el blindaje político, la manipulación de la Justicia y la impunidad , para posarse sobre los liderazgos políticos (y sobre todo en los enfrentamientos entre Cartes y Abdo), y el debate público tocó apenas de soslayo la corrupción institucional enquistada.
El autoritarismo del gobierno de Horacio Cartes tuvo su punto más álgido cuando, al buscar la reelección, hizo “uso y abuso” del terrorismo de Estado en la noche del 31 de marzo y madrugada del 1 de abril. Tras recuperar la incendiada sede del Congreso –abandonada por orden superior, dando lugar a su invasión y quema–, agentes de la Policía salieron a “cazar” manifestantes, registrándose todo tipo de abusos: cientos de heridos y la muerte de un militante del Partido Liberal Radical Auténtico, de oposición, Rodrigo Quintana, en el asalto policial a la sede partidista.
La chispa se volvió a encender en la población a principios de agosto, cuando solo 27 legisladores votaron por la pérdida de investidura del corrupto confeso José María Ibáñez (con cargos de tráfico de influencias y de estafa al Estado) y no lograron los dos tercios requeridos para desalojarlo de su banca: funcionó la nueva ley de autoblindaje, aprobada para eternizar a los políticos corruptos en las instituciones. Y continúa en contra de Óscar González Daher, a quien, en el periodo legislativo anterior, se le retiró la investidura y recibió la imputación por tráfico de influencias, pese a lo cual volvió al Senado.
Mario Abdo capeó las contradicciones internas en su partido, especialmente con Cartes, siempre apoyado por la embajada estadounidense, que aparece como soporte del nuevo Gobierno. Para los movimientos sociales, será continuación de los gobiernos entreguistas, antinacionales y antipopulares; servil a los intereses de EEUU, de las trasnacionales y del Fondo Monetario Internacional, que ya comenzó a arreciar contra derechos de los trabajadores con la privatización de la seguridad social, entre otras reformas exigidas para los próximos dos años, añadió.
