¿Cuántos millones de personas quedarían sin trabajo e ingresos en Venezuela, con el prometido “cambio” de María Corina y Edmundo?
Por: Zenobia M. Marcano Córdova
Un “cambio” es la principal promesa electoral que presentan María Corina Machado y el candidato de la Plataforma de la Unidad, Edmundo González Urrutia. En consecuencia, en el programa de gobierno Venezuela Tierra de Gracia, anuncian que andarán tras un “financiamiento internacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI), los bancos de desarrollo multilaterales y agencias bilaterales”.
Presentan “un cambio” que favorecería al país, pero ¿hacia dónde se dirige ese cambio? ¿Qué implicaciones tendría para la familia venezolana? Demandar un préstamo al FMI significaría firmar acuerdos que nos obligaran a cumplir determinadas condiciones neoliberales, para garantizar el pago del capital y sus cada vez más crecientes intereses.
Veámonos en el espejo de la Argentina donde el entonces candidato Javier Milei también prometió, durante las elecciones, un “cambio” a quienes estaban «molestos», «descontentos» o «cansados» de la «crisis»; solicitó un préstamo al FMI y ya está aplicando el “cambio” que receta este organismo a cambio del financiamiento otorgado con las siguientes secuelas:
Desempleo Masivo
En lo que va de año el actual presidente argentino Milei, con su “Plan Motosierra”, despidió o dejó de renovar contratos a 25 mil empleadas y empleados públicos: son 25 mil madres o padres de familias que actualmente no cuentan con una fuente de ingreso. La meta de este mandatario consiste en echar a la calle a 75 mil trabajadores.
Estas destituciones forman parte de la receta del FMI para reducir lo que en el neoliberalismo llaman el “gasto público”, es decir, a fin de pagar la deuda contraída en dólares; así, el Estado endeudado debe eliminar “gastos” traducidos como subsidios e inversiones a favor del pueblo. En otras palabras, el “cambio” que traería un gobierno neoliberal, “amarrado” a los dictámenes del FMI, reside en la eliminación de todos los ministerios del área social y de las Grandes Misiones, Misiones y Micromisiones, del CLAP, de los bonos y, especialmente, de todos los empleos públicos que hacen posible este sistema de políticas públicas a favor de los sectores populares más necesitados.
En Argentina, por ejemplo, las áreas más afectadas por la política de despidos son la Secretaría de Violencia de la Mujer, las encargadas de la Línea 144 (atención en situaciones de violencia de género), la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y la Secretaría de Derechos Humanos; con esto dejan en claro que, para el neoliberalismo, la protección de las mujeres, de los niños y niñas y de la familia se traducen como “gasto público”; por lo tanto, priorizan el “recorte” a objeto de pagar al capital extranjero.
Al respecto, cabe destacar: ¿cuántos millones de personas quedarían sin trabajo e ingresos en Venezuela, con el prometido “cambio” de María Corina y Edmundo?
Altas tarifas como producto de la privatización
Al seguir el formulario del FMI, Edmundo y María Corina presentan como principal solución en su programa de gobierno “atraer” a capitales privados a través de la privatización de las empresas del Estado y los activos públicos.
Estos enuncian entregar a los capitales extranjeros (exclusivamente norteamericanos, como históricamente lo establece la Doctrina Monroe), nuestras principales fuentes de ingreso como lo son el petróleo, el gas y la minería, los servicios públicos prioritarios (telecomunicaciones, electricidad, agua, aseo, seguridad social y educación), a una lógica empresarial privada en la cual para asegurar “sus” ganancias necesitarían “reducir” costos (pagar menos personal), además de promover tarifas altas. Así que con la privatización de Pdvsa y de los servicios públicos, el “cambio” de Edmundo y María Corina realmente aspirarían pagos de altas tarifas por los servicios de gasolina y gas, educación y salud, agua, electricidad, telefonía e internet, aseo, etc.
Aumento generalizado de precios y alto costo de la vida
Quienes se quejan de la hiperinflación en Venezuela y le echan la culpa de su empobrecimiento y pérdida de calidad de vida al modelo socialista, sería bueno que conocieran de verdad el estilo de vida en un gobierno neoliberal “casado” con el FMI, sujeto al libre mercado capitalista y controlado por las maniobras excluyentes, monopólicas y financieras del capital extranjero que son las grandes corporaciones transnacionales. Veamos más de lo que sucede en estos momentos en Argentina:
El dólar Blue o informal (mercado paralelo) ha llegado con Milei a más de 1.400 pesos, y la proyección para diciembre de 2024 es que se esté cotizando en 3.237pesos.
Si vas a comprar algo en Argentina debes pagar además un Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 21 %.
En mayo de 2024 aumentó un 8,2 % el precio en los servicios de telefonía e internet; se incrementó en un 7,6 % el precio en todos los niveles de la educación; subió el precio de las bebidas alcohólicas y tabaco en un 6,7 %.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en estos rubros aumentó en un 289,4 % para mayo del 2024, con respecto al mismo mes de 2023. A modo de comparación, en diciembre de 2016 el IPC en este rubro era del 100,0 %. Y, en el último año, el precio de los alimentos subió en un 290 %.
Hasta las aerolíneas (en las que gusta viajar a la clase media), fueron entregadas por Milei a los capitales extranjeros, abriéndoles la posibilidad de imponer tarifas y frecuencias de vuelos, así como adueñarse de la administración de todos los servicios aeroportuarios.
Adiós a la seguridad social y pensiones, “sólo para los apellidos”
El Plan Venezuela Tierra de Gracia de María Corina y Edmundo plantean que cada quien debe velar y asegurar una pensión para su vejez como consumación del individualismo empresarial y estatal para no generar “nuevas presiones” sobre estos empleadores (y así “proteger” al sector privado); su plan de gobierno ofrece instaurar un sistema de pensiones de capitalización individual que exonera de este pago al Estado y a los empresarios: luego, empresas privadas administradoras de fondos de pensiones, manejarían el dinero de cada individuo de la población trabajadora activa; supuestamente destinado a garantizar una vida cómoda cuando llegue la etapa de la jubilación y la vejez.
Si bien las personas “que no puedan contribuir”, así como para asegurar la transición de quienes ya tienen aportes, ofrecen crear un fondo manejado por una empresa privada (previa licitación) con supervisión pública, la que a través de inversiones en instrumentos financieros genere ganancias.
Con esta propuesta neoliberal, María Corina y Edmundo convierten, lo que ha sido un derecho social (las pensiones), en una mera cuenta individual: El que más dinero tenga podrá asegurarse una mejor pensión sino deberá asumir como un hecho “natural” una vejez sumida en la miseria. Su propuesta reafirma el carácter inequitativo y excluyente del neoliberalismo y del capitalismo salvaje, los cuales condenan a quienes han estado históricamente desfavorecidas y desfavorecidos a seguir viviendo en condiciones de empobrecimiento durante los últimos años de su vida.
Un balance de 40 años de privatización neoliberal, mediante estos fondos de pensiones en el Continente, expresan más fracasos que aciertos en el momento de garantizar que un trabajador o trabajadora, cuando llegue su jubilación, mantengan con “este” sistema un porcentaje alto de ingresos mensuales por concepto de pensiones (respecto al último salario que cobraba cuando estaba activa o activo, lo que se conoce como tasa de reemplazo o tasa de sustitución).
En un contexto neoliberal como el que está proponiendo la oposición venezolana, la falta de empleo o el subempleo dejará a la mayoría de la población sin ingresos, esto es, sin dinero
En Chile, primer país donde empezó a experimentar el modelo neoliberal, una Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, creada por el gobierno de la presidenta Michelle Bachellet, diagnosticó en 2015 que el 50 % de los pensionados recibían pensiones que, como máximo, equivalían al 34 % de su salario promedio de los últimos diez años. Además, una encuesta de opinión encargada por dicha Comisión, reveló que un 72 % de las y los chilenos creían que sólo un cambio total al sistema llevado por empresas privadas de Administración de Fondos de Pensiones (AFP) ayudarían a mejorar las pensiones, mientras que un 79 % estaba de acuerdo con la creación de una AFP Estatal, y un 69 % se cambiaría a ella si existiera. Eso evidenció un rechazo popular a la privatización de las pensiones.
Sumado a ello, en el proceso de participación ciudadana hubo “una crítica mayoritaria al sistema de capitalización individual por su origen durante la dictadura, por las promesas no cumplidas de tasa de reemplazo y por su funcionamiento”. La crisis de este modelo es tan evidente que en estos momentos (julio, de 2024), en el gobierno de Gabriel Boric, se creó una comisión técnica para analizar las propuestas de un proyecto de ley para una reforma provisional a fin de solucionar “el problema de las bajas pensiones”.
Estos balances indican, además, que los monopolios y oligopolios formados por las empresas privadas administradoras de fondos de pensiones empezaron a cobrar excesivamente por sus servicios, así que la gente “no pudo ahorrar”. Y es que en México y Costa Rica se ha estimado que las y los afiliados a estos fondos deben cancelar en costos administrativos un valor equivalente a 5 años de contribuciones.
Otro de los desaciertos de este sistema neoliberal es la desinformación y la ausencia de participación de la población en la toma de decisiones sobre los niveles de riesgo de las operaciones de inversión realizadas con el dinero de las y los pensionados (las cuales hacen estos fondos tanto en la Bolsa de Valores como en otros mecanismos e instrumentos propios del capitalismo financiero). En Argentina, por ejemplo, en el año 2000, algunos fondos decidieron invertir el dinero de sus afiliados en instrumentos financieros y tuvieron grandes pérdidas cuando el peso argentino se devaluó.
La historia insurgente de los pueblos nos enseña que con el “cuento” —repetido mil veces— de la “crisis causada por la ineficiencia del Estado» y la supuesta “eficiencia del sector privado”, el sector financiero en su búsqueda de oportunidades de negocios de inversión, apoya y financia a los candidatos y las candidatas presidenciales neoliberales que les permitan su entrada a la administración del dinero que todo un pueblo depositaría en ellos para garantizar una pensión.
Luego, con este dinero, invertirían financiera y especulativamente en la bolsa de valores para obtener el máximo de beneficios y ganancias en el menor tiempo posible, pero “para ellos”, no para el pueblo, porque su “cacareada eficiencia” funcionaría sólo para obtener más ganancias para las y los dueños de las empresas privadas extranjeras y sus cómplices nacionales y no para beneficiar al pueblo venezolano y latinoamericano.
Aunque no sólo eso. Derechos sociales como la vivienda, alimentación, educación, salud, pensión, etc., alcanzados por los pueblos gracias a sus luchas (y por los que tantas personas han dado su vida) son convertidos en mercancías, son cambiados en un mero negocio entre una empresa privada y un individuo.
En el neoliberalismo no será el Estado el que “garantice” estos derechos: cada quien deberá pagar por ellos, convirtiéndose así en privilegios de quienes sí tienen dinero para pagarlos. En otras palabras, si no tienes dinero no tienes derechos. Y en un contexto neoliberal como el que está proponiendo la oposición venezolana, la falta de empleo o el subempleo dejará a la mayoría de la población sin ingresos, esto es, sin dinero.
Hacia allá nos llevaría el pretendido “cambio” de Edmundo y María Corina.
