Las guerras se pelean con petróleo y por petróleo. Terminó en la nada el cuento de camino de la Cumbre de Glasgow con sus promesas de cero emisiones de CO2 —vale decir, cero hidrocarburos— para 2050. Vivimos una guerra promovida para evitar que Rusia le venda a Europa el petróleo, el carbón, el gas natural y los fertilizantes que esta necesita para sobrevivir, y convertir así a los europeos en clientela forzada de los carísimos, lejanos y cada vez más escasos hidrocarburos de fracking de Estados Unidos, o los de una OPEP que cobra en petrodólares. Instrumento esencial del conflicto es un bloqueo al cual, señala oportunamente Pepe Escobar, no se ha unido ningún país del Asia, de África ni de América Latina. Apunta además Escobar que el “bloqueador” Estados Unidos es el segundo importador mundial de un petróleo ruso que no tiene cómo sustituir, que Rusia puede congelar 478.000 millones de dólares de su deuda externa depositando su equivalente en rublos en sus propios bancos; que puede movilizar sus finanzas mediante los sistemas Mir y Union Pay de China, desplazando a Visa y Mastercard y provocando una desdolarización de facto (“La patada de judo de Rusia en el intestino financiero occidental”, Posta Porteña, 15-3-2022). Añadamos que el Ministerio de Energía ruso reconoce que ya se ha sobrepasado el “pico” mundial de la producción de hidrocarburos, los cuales serán cada vez más valiosos, escasos y difíciles de extraer. Esa orgía de derroche llamada Desarrollo entra en declive. Con los más diversos pretextos, las guerras por el dominio de los yacimientos de energía fósil y de las vías para transportarla serán cada vez más frecuentes y desastrosas. Preparémonos.
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Sin que Venezuela realizara ninguna acción hostil contra Estados Unidos, éstos y sus cómplices nos han atacado en todas las formas posibles, incluyendo todas las variedades de bloqueo que esgrime contra Rusia y amenaza aplicar contra China. Ahora, por iniciativa de su parte, reabren la comunicación. No hay informes completos autorizados sobre los propósitos de la misión de Washington que se reunió el 5 de marzo en Caracas con Nicolás Maduro Moros, pero su presencia misma lo dice todo. Acude ante el Presidente legítimamente electo, no ante el fantoche votado por nadie que desde hace un lustro en complicidad con los estadounidenses roba los activos de Venezuela en el exterior. No puede haber más patente reconocimiento de cuál es el gobierno verdadero.
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Del reconocimiento irrebatible derivan consecuencias ineludibles: 1) Nulidad de todas y cada una de las medidas coercitivas impuestas por la potencia del Norte y fundadas en la supuesta ilegitimidad del gobierno que ahora reconoce de hecho y de derecho. 2) Devolución de todos los activos robados o incautados desde el arranque de las medidas de coerción. 3) Reparación de todos los perjuicios causados por ellas, con indemnización por daños a la vida, a la salud y a la economía en un monto que Pasqualina Curcio estima en 258 mil millones de US$ entre 2016 y 2020.
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Si tales son las consecuencias del reconocimiento de hecho y de derecho, el diálogo con un gobierno soberano impone condiciones. Sus acuerdos no pueden diferir de lo que dispone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Son inaceptables y nulos de toda nulidad cualesquiera compromisos o arreglos lesivos a la soberanía, independencia, integridad o inmunidad de jurisdicción de nuestro país. Venezuela es amiga de sus amigos e instrumento de nadie.
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A la hora de negociar debe ser tenida en cuenta además la volatilidad de los acuerdos con las grandes potencias. En virtud de entendimientos con Estados Unidos emprendió Sadam Hussein una ruinosa guerra de nueve años contra Irán y una ofensiva relámpago contra Kuwait; para terminar invadido y ejecutado. Muhammar Kadafi pagó indemnizaciones sentenciadas por tribunales internacionales; aceptó desarmarse y financió con generosos donativos las campañas electorales de Silvio Berlusconi y de Sarkozy, quienes acordaron con falsos pretextos la destrucción y desintegración de Libia por la OTAN, el robo de 250.000 millones de dólares de sus reservas y el linchamiento del Presidente legítimo. Cualquier arreglo con delincuentes debe ser acompañado del desarrollo interno de una fuerza disuasiva popular y militar suficiente para inducirlos a cumplirlo.
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Repetimos que Venezuela, dueña de la quinta parte de las reservas de hidrocarburos del planeta y de la primera o segunda reserva de oro del mundo, es asimismo poderoso factor en los destinos de éste y por ninguna circunstancia debe negociar desde posiciones de debilidad o subordinación a cualquiera de los bloques hegemónicos. El capitalismo salvaje busca desesperadamente recursos naturales gratuitos en países que no les cobren impuestos y con mano de obra sin derechos sociales ni laborales. Esa época se acabó. La Organización Mundial del Comercio acuerda que las multinacionales deben pagar por lo menos impuestos de 15% sobre sus ganancias a los países donde las obtienen. La rebatiña bélica valoriza y revaloriza los recursos sin los cuales la Alianza Atlántica perecerá; sin trabajadores bien remunerados no habrá recursos para nadie.
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Venezuela debe vencer amenazas externas, pero también fallas internas. Como productora de hidrocarburos, ha vivido auges que degeneran en catástrofes. En 1956 la crisis del Canal de Suez elevó los precios del petróleo; el dictador Marcos Pérez Jiménez invirtió los ingresos en corrupción y “política de concreto armado” de grandes obras suntuarias, hasta que la baja de cotizaciones contribuyó a su caída en 1958. El subsiguiente bipartidismo dilapidó el ingreso en corrupción y demagogia, y fue salvado por la campana cuando la restricción de exportaciones de la OPEP impulsó en 1974 un nuevo repunte de precios. El accióndemocratista Carlos Andrés Pérez lo aplicó a pagar dispendiosamente una nacionalización de la industria petrolera que según la ley debía operar gratuitamente en 1983, y sepultó el incremento de tres cuartas partes del ingreso público en un “Fondo de Inversiones de Venezuela”, de donde desapareció gracias a su manejo secreto y discrecional, que naufragó en oleada de privatizaciones. Otra parte del auge fue a parar al pozo sin fondo de la burguesía parasitaria: entre 1976 y 2002 el BCV asignó al sector privado 365.270 millones de dólares en condiciones preferenciales para supuestas importaciones, las cuales éste efectuó solo por US $204.401 millones (en parte sobrefacturadas), guardándose la modesta diferencia de US$ 160.869 millones.
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El auge de precios provocado por la invasión de Irak en 2003 fue aplicado por el bolivarianismo para eliminar el analfabetismo, cumplir con las Metas del Milenio y convertir a Venezuela en el país con menor índice de desigualdad social de la América Latina capitalista; pero no se logró la soberanía alimentaria ni el acondicionamiento de Petróleos de Venezuela S.A. que evitara su acentuado declive en la producción. Eso sí, según cifras espigadas por Pasqualina Curcio, entre 2003 y 2014 el BCV asignó a la burguesía parasitaria en condiciones preferenciales 371.517 millones de dólares para supuestas importaciones, que ésta realizó sólo por US $119.107 millones, guardándose para sí la pequeña diferencia de US$ 329.756 millones, (aparte de otros US$ 60.000 millones que, según el Presidente Nicolás Maduro, financiaron empresas de maletín e importaciones fantasmas).
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Según el vice primer ministro ruso, Alexander Novak, el petróleo podría pronto sobrepasar los 300 dólares por barril. Venezuela no puede repetir los errores de anteriores auges. Debe destinar los incrementados ingresos a la regeneración y repotenciación de Petróleos de Venezuela S.A. Debe conquistar la soberanía alimentaria. Debe perfeccionar una fuerza estratégica disuasiva. Por todos los medios evitar el error que disipó todos los ingresos extraordinarios de la crisis de 1974 al colocarlos en un fondo distinto del Presupuesto, secreto y sin control legislativo: el nefasto “Fondo de Inversiones de Venezuela” que arruinó consecutivamente al país, al partido Acción Democrática y al político que lo creó, Carlos Andrés Pérez. Debe instaurar medios de control externo previo, concomitante y posterior de la totalidad del gasto público: de la administración nacional, estadal, municipal y comunal, autónoma, de las fundaciones, empresas del Estado y las comunas, según el sistema de Tecnología de Administración de Precios (https://chafefiya.blogspot.com/). Debe evitar que la riqueza propiedad de todos los venezolanos sea de nuevo desviada delincuencialmente hacia una burguesía parasitaria, como ocurrió con los tristemente célebres Régimen de Cambio Diferencial (RECADI) y CADIVI. Pues quienes no aprenden de la Historia, decía Santayana, se ven obligados a repetirla.
Por: Luis Britto García
