Take the Money and Run. “Robó, huyó y lo pescaron” es el título de la conocida película de Woody Allen (1969) que, utilizando una técnica que mezcla el documental y la broma (el mocumental, como se les denomina a los falsos documentales), narra las andanzas de un vil, neurótico e incompetente criminal. Una imagen que le viene muy bien a la red criminal de Guaidó, el autoproclamado «presidente interino» de Venezuela, puesto allí para malversar los recursos del pueblo venezolano. Lástima que no haga reír a nadie, ni siquiera a los sinceros defensores de la democracia burguesa, que han decidido tirar por la borda cualquier regla de la propia democracia burguesa, empezando por la básica según la cual el pueblo elige a sus propios representantes.
El títere Guaidó, en cambio, no fue elegido presidente por nadie, sino «ungido» por el gendarme del mundo y, por extensión, por sus vasallos, quienes, aunque reducidos considerablemente en número, ahora parecen enviar un mensaje, ni tan disimulados, a su bochornoso títere: «Coge el dinero y corre»: antes de que el barco se hunda por completo y la justicia siga su curso.
Este parece ser el sentido del fallo emitido por la Alta Corte de Justicia del Reino Unido a favor de la elusiva junta directiva del Banco Central de Venezuela (BCV); virtualmente designada por los autoproclamados para embolsarse el oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra. Oro por 2.000 millones de dólares, que pertenecen al Banco Central de Venezuela (el auténtico), y por lo tanto al pueblo venezolano. Esto es lo que queda de las 210 toneladas de oro depositado en bancos extranjeros —el 80% en los de Gran Bretaña— y repatriado por Hugo Chávez en 2011.
Un codicioso botín para la banda de estafadores que, tras haber obtenido de sus padrinos norteamericanos la imposición de medidas coercitivas unilaterales contra su propio país, intentaron confiscar sus bienes en el extranjero por cuenta de la administración estadounidense. Ahora, tras un juicio de cuatro días que finalizó el 18 de julio, la jueza Sara Cockerill ha encontrado que la ley británica no permite validar las sentencias por las que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela revocó los nombramientos del consejo del BCV hechos por Guaidó. El fallo de la juez británica, sin embargo, aún no autoriza al autoproclamado a hacerse con el botín. Habrá que esperar a otra audiencia, y al recurso que ha presentado el gobierno bolivariano.
Que la autoproclamada pandilla ahora esté cayendo en picada, también es admitido explícitamente por los periódicos de oposición. En Tal Cual, por ejemplo, el politólogo Pablo Andrés Quintero señala que los numerosos casos de corrupción y la falta de transparencia del «gobierno interino» le han quitado credibilidad «entre los venezolanos, entre los actores políticos nacionales, en diversas organizaciones y también entre los grandes aliados internacionales”.
Quintero precisa que se refiere a “la gran cantidad de irregularidades en el manejo de los activos de CITGO o Monómeros y también la falta de transparencia que ha habido en el manejo de los recursos aprobados por el gobierno de Estados Unidos para su funcionamiento. El venezolano se siente traicionado —dice el politólogo de derecha—, siente que eso no ha funcionado para su vida diaria y, de ninguna manera, en la dirección de esta estructura, que termina apareciendo como lo que es”.
Pero, mientras tanto, ante el posible cambio de rumbo en las relaciones entre Colombia y Venezuela tras la elección de Gustavo Petro, y en el contexto de confrontación geopolítica a nivel internacional caracterizado por el conflicto en Ucrania; los halcones afilan sus uñas y las autoproclamaciones siguen siendo un patrón establecido (aunque sin éxito, en Venezuela) de la guerra de cuarta y quinta generación.
Mientras tanto, el legítimo Consejo de Gobierno del Banco Central de Venezuela ha anunciado que apelará el fallo de Cockerill. El gobierno bolivariano rechazó en un comunicado “el insólito pronunciamiento de un tribunal británico que, nuevamente subordinado a las decisiones de política exterior de la Corona británica, socava el poder legítimo de la República Bolivariana de Venezuela para administrar sus reservas internacionales”.
Esta decisión judicial —continúa el comunicado— “violenta el Estado de Derecho Internacional y el orden constitucional y legal venezolanos al pretender desconocer a las autoridades legítimas del Banco Central de Venezuela; para justificar el entramado criminal que permita la apropiación indebida de las reservas internacionales de Venezuela”. Es sumamente grave —prosigue— que la política exterior británica, que en este caso directamente amordazó a sus tribunales, ocasione graves daños a los derechos e intereses de ciudadanos, de las instituciones y de otros Estados”.
El Banco de Inglaterra, “violentando todo el sistema internacional de inversiones, y debida custodia delegada, ha mostrado en todo momento su complacencia con estos artilugios antijurídicos para beneficiarse de la apropiación indebida del oro de los venezolanos, causando un daño enorme que sigue al pie de la letra la sumisa e inexistente justicia de esos tribunales ingleses”.
La comunidad internacional debe entonces “tener conciencia de que el continuo boicot a las facultades asignadas al Banco Central de Venezuela sobre la administración de sus reservas internacionales, está patrocinado por la política exterior de un Estado que no respeta nada, ni el orden legal ni constitucional de los otros Estados, ni de sus instituciones, violando gravemente el Derecho Internacional Público”.
Ante estas acciones, el Banco Central de Venezuela “se reserva todas las acciones legales a su alcance para recurrir esta insólita y nefasta decisión en defensa del oro patrimonio del pueblo venezolano; y seguirá denunciando que estas estratagemas de la política exterior inglesa y de sus sumisos tribunales no pasarán a la historia sin justicia verdadera conforme al estado Derecho Internacional; tan vapuleado por las potencias hegemónicas”.
La operación de piratería internacional contra Venezuela inició el 14 de mayo de 2020. En ese momento, el presidente de la junta directiva legitima del BCV, Calixto Ortega, denunció al Banco de Inglaterra por violar el contrato firmado con el Estado venezolano al no cumplir con la orden del gobierno de Maduro de transferir 930 millones de euros en oro a un fondo de Naciones Unidas. La negativa del Banco Británico a transferir reservas se basó en la farsa de la autoproclamación, que llevó a “reconocer” a Guaidó y no a Nicolás Maduro, como presidente legítimo de Venezuela.
«Toma el dinero y corre». ¿Pero hasta cuando? “Robó, huyó y lo pescaron”.
