Venezuela dejó clara su posición en La Haya
Las audiencias realizadas en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) han sido el escenario adecuado para que Venezuela deje sentada, con claridad absoluta, su postura con respecto a la controversia con Guyana por el territorio de la Guayana Esequiba.
La primera clave de la postura nacional es contundente: Venezuela no reconoce la jurisdicción de la CIJ para dirimir ese asunto. Por lo tanto, cualquier decisión que emane de ese tribunal internacional carecerá de validez.
Las normas de funcionamiento de la CIJ establecen que las controversias elevadas a su consideración solo podrán ser tramitadas si ambas partes están de acuerdo con la intervención de la Corte. Ese no es el caso de esta controversia, pues la República Cooperativa de Guyana recurrió unilateralmente a esa instancia, mientras Venezuela ha estado siempre en contra de tal giro para el conflicto.
Venezuela resolvió concurrir a las audiencias de la CIJ no porque esté de acuerdo con el juicio, sino para ratificar ante el tribunal internacional que no ha otorgado su autorización para tal proceso. El país pudo haber estado ausente, para expresar de esa manera su desacuerdo, pero tal actitud podría haber sido presentada, jurídica y mediáticamente, como un acto de desistimiento, es decir, como una renuncia a los derechos que asisten al país.
Venezuela tiene los títulos históricos
La segunda clave del tema es que Venezuela llevó a La Haya —al margen de su cuestionamiento a la Corte como instancia de decisión— todos los títulos históricos que demuestran la titularidad del país sobre los 159 mil 500 kilómetros cuadrados que le fueron arrebatados en 1899, mediante el fraudulento y nulo Laudo Arbitral de París.
Esos títulos se remontan al pasado colonial de todo el continente. En los repartos originales de territorios entre las potencias coloniales que invadieron América, Guayana Esequiba siempre formó parte de las posesiones españolas. Cuando se produjo la Independencia de todos los países de esta región, se aplicó el principio jurídico de Uti possidetis iuris, mediante el cual cada una de las nuevas repúblicas asumieron los territorios que antes correspondían a sus predecesoras coloniales. En el caso de la República de Venezuela, esa norma aplicó para el territorio ostentado, antes de 1810, por la Capitanía General de Venezuela. En los mapas de ese tiempo, es una verdad palmaria que esa capitanía comenzaba, en su fachada oriental, en la margen oeste del río Esequibo.
El Laudo Arbitral de 1899 es nulo
Pese a esa incontestable titularidad histórica, la Venezuela de finales del siglo XIX fue despojada del enorme y rico territorio esequibo mediante un Laudo Arbitral, al que el país, desde el mismo momento de su aprobación, en 1899, ha denunciado como nulo.
Los pormenores de ese supuesto laudo, que tuvo a París como sede, son tan vergonzosos que parecen una parodia. Los pretendidos árbitros fueron dos británicos, dos estadounidenses y un ruso. Venezuela, siendo el país directamente involucrado, no tuvo presencia en el proceso.
Aprovechando la extrema debilidad del país, que venía de un siglo casi completo de guerras, los poderes hegemónicos de ese tiempo, resolvieron entre sí lo que correspondía discutir a las autoridades venezolanas. Los árbitros estadounidenses, en el papel, representaban los intereses venezolanos, en ejercicio de la Doctrina Monroe, pero, en realidad, operaron a favor de Inglaterra.
Para colmo de iniquidad, el poseedor del voto decisivo, el juez ruso, era también una persona ligada familiar y laboralmente al Reino Unido.
Los desafueros cometidos por estos “árbitros” quedaron en evidencia medio siglo después, al conocerse el contenido del memorándum que dejó el jurista estadounidense Severo Mallet-Prevost, participante en la farsa como parte de la delegación de EEUU.
El Acuerdo de Ginebra es el único camino
El otro cimiento de la posición venezolana es que el Acuerdo de Ginebra, de 1966, es el único documento válido para dirimir la controversia entre Guyana y Venezuela por el territorio de la Guayana Esequiba.
Ese acuerdo, suscrito por la antigua potencia colonial, Gran Bretaña, pero también por las autoridades de la naciente República Cooperativa de Guyana (que obtuvo su independencia ese mismo año) implicó que ambas entidades admitieron que el Laudo de París había sido una barbaridad.
Si ingleses y guyaneses hubiesen considerado defendible el Laudo de 1899, ¿por qué razón habrían suscrito un tratado de abría las negociaciones para la búsqueda de una solución satisfactoria al diferendo?
El Acuerdo de Ginebra contempla diversos mecanismos de negociación, algunos de los cuales fueron puestos en práctica a lo largo de los 60 años que lleva en vigor este instrumento, entre ellos una Comisión Mixta y la designación de buenos oficiantes de las Naciones Unidas. Recurrir a la CIJ fue una jugada unilateral de Guyana, al margen de lo establecido en el Acuerdo.
Todos los integrantes de la delegación nacional que concurrió a La Haya, incluyendo a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvieron que Venezuela no aceptará la decisión de la CIJ, sea cual sea, pues no la reconoce como jurisdicción válida para dirimir esta controversia. Más claro, imposible.
