Se ha hecho injusticia. El diplomático venezolano, Alex Saab, fue extraditado a Estados Unidos con complicidad del gobierno de Cabo Verde. Saab fue capturado ilegalmente en la isla durante un reabastecimiento de combustible en junio de 2020; mientras su avión se encontraba en tránsito hacia Irán. Luego, la CIA actuó en concierto con los servicios secretos colombianos y locales para arrestar al empresario; acusándolo de violar las «sanciones» norteamericanas impuestas a Venezuela por proporcionar alimentos al país bolivariano.
Un «crimen» de lesa inhumanidad, considerando la naturaleza y las consecuencias de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gendarme mundial y sus subordinados, en desacato a las normas internacionales. En este caso, como denunció el gobierno bolivariano, además de las leyes caboverdianas se violó la Convención de Viena; pues Saab estaba protegido por inmunidad diplomática, por ser él un enviado especial de Venezuela para las relaciones con Rusia e Irán y embajador de la Unión Africana.
Además, el diplomático había sido designado como representante permanente de Venezuela en las negociaciones con la oposición, que se llevan a cabo en México desde agosto. Se suponía que una nueva reunión tendría lugar el domingo 17 de octubre, pero la delegación venezolana encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, decidió suspenderla denunciando el nuevo intento de Duque y la extrema derecha venezolana de hacer estallar las megaelecciones del 21 de noviembre, y de presionar las negociaciones para imponer un “cambio de régimen”.
El mes pasado, luego de la confirmación de la extradición, la delegación venezolana en México exhibió pancartas con una foto de Saab exigiendo su liberación. Jorge Rodríguez leyó una carta en la que el diplomático de 49 años, gravemente enfermo, denunciaba haber sido torturado. A cambio de una suspensión del suministro de alimentos a Venezuela de «al menos 50 días», sus captores habrían suavizado el trato. «¿Pero cómo puedo convertirme en cómplice del genocidio contra el pueblo venezolano?» Saab respondió.
El comunicado del gobierno bolivariano responsabilizó a las autoridades de Cabo Verde y a la administración Biden de la vida e integridad de Saab y se reservó el derecho de actuar en consecuencia “como nación soberana”.
La prensa de Miami inmediatamente señaló que seis ejecutivos de la petrolera venezolana PDVSA con doble ciudadanía venezolana-estadounidense y acusados de desviar fondos a Estados Unidos han regresado a la cárcel mientras se encontraban bajo arresto domiciliario presuntamente luego de negociaciones con la administración estadounidense.
En las cárceles venezolanas también hay estadounidenses (son 9 en total), detenidos mientras organizaban ataques a instalaciones petroleras o invasiones mercenarias.
El ex gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, quien fue a Venezuela para negociar la liberación de los norteamericanos, dijo en un comunicado: «Es un giro muy decepcionante, ahora esos detenidos serán utilizados como peones políticos». La portavoz del Departamento de Justicia de EE. UU., Nicole Navas Oxman, declaró que Saab comparecerá ante un tribunal de Miami el lunes 18 y expresó su gratitud y admiración al gobierno de Cabo Verde «por su profesionalismo y perseverancia en este complejo caso».
Otras fuentes del gobierno de Biden, en cambio, han tratado de restar importancia a la operación, señalando que el empresario tendrá la oportunidad de defenderse ante los tribunales estadounidenses y que su caso no afectará las negociaciones en México. Es bien sabido, de hecho, que los tribunales de Miami son campeones de la «imparcialidad»…
Estados Unidos había estado apuntando durante años la actividad de Saab, de los cuales creen que pueden obtener confesiones sobre el sistema de defensa económico y financiero establecido por Venezuela para aflojar el control de las «sanciones». Trump, que ya lo había sancionado individualmente en 2019, se había obsesionado con él, hasta el punto de que, tras su secuestro en Cabo Verde, había enviado un buque de guerra de la Armada para vigilar al diplomático en el archipiélago africano.
Los halcones del Pentágono y sus grupos de cabildeo de Miami, ahora se regodean con la boca de los golpistas venezolanos y del gobierno colombiano, que alaban la «independencia» de las autoridades caboverdianas. Un twitter de Iván Duque define la extradición de Saab como «un triunfo en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero y la corrupción propiciada por la dictadura de Nicolás Maduro», y reitera su apoyo a las políticas estadounidenses.
Hace unos días, luego del asesinato de dos adolescentes venezolanos en territorio colombiano, el gobierno de Maduro denunció a Duque por incitar al odio y la xenofobia contra los emigrantes venezolanos.
Ahora, luego de la extradición de Saab, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, ha señalado el púlpito desde donde parte el sermón, dado que Colombia es el mayor productor de drogas del mundo, mientras que Saab es «un diplomático inocente que ha ayudado a nuestro país contra el bloqueo criminal”, que sufre graves violaciones a sus derechos humanos.
Lo del diplomático tomó de inmediato la forma de un secuestro al más puro estilo «rendition», la detención ilegal impuesta por Estados Unidos a los llamados «combatientes enemigos» tras los atentados del 11-S. Una práctica realizada con la complicidad de gobiernos subordinados a Washington, que pusieron a disposición toda la logística para —sin respetar leyes ni fronteras— secuestrar sospechosos que, tras inenarrables torturas, si no desaparecían iban a parar a Guantánamo.
Veinte años después del 11 de septiembre de 2001, en ocasiones algunos libros nos recuerdan que en la isla —robada a Cuba y transformada en uno de los peores campos de concentración— aún languidecen presos sin derechos y sin juicio, que también terminaron allí por detenciones homónimas.
Un método similar al del Plan Cóndor en América Latina, cuando dictadores a sueldo de la CIA intercambiaban «favores», secuestrando a los opositores dondequiera que estuvieran, incluso en Europa.
El gobierno bolivariano ha anunciado que llevará el caso de Saab a todos los organismos de defensa de los derechos humanos, considerándolo un precedente peligroso para el derecho internacional.
