Geraldina Colotti
Ahora lo dicen también hasta los grandes medios colombianos: cada seis días, es asesinado un exguerrillero de las FARC o un familiar. Y en un año y medio han sido asesinados más de 180 líderes sociales. El pasado fin de semana ha sido eliminado Oscar Arango, nombre de batalla Martin. Es así desde el mes de abril. El País cita el estudio “Trochas de Paz y Esperanza”, producido sobre la base de los datos del Instituto Indepaz y de la Comisión por los derechos humanos del Movimiento político y Social Marcha Patriótica.
Algunos días han sido más mortíferos que otros porque han hecho registrar hasta a seis homicidios de excombatientes. Ha sucedido en las zonas rurales de El Charco y Nariño, a mitad de octubre de 2017. Según el estudio, entre el 16 de abril y el 17 de agosto de este año han sido asesinados 12 exguerrilleros y 11 familiares. Cinco homicidios han sido cometidos en Antoquia. Los excombatientes son diezmados también en las Zonas de transición, donde se han concentrados luego de la firma de los acuerdos de paz con el gobierno de Manuel Santos, el 24 de noviembre del 2016.
Con la ayuda de Venezuela y de Cuba, las FARC se han encaminado en el arduo sendero para llevar una solución política de más de cincuenta años de conflicto armado en Colombia, cuyas causas de ninguna manera han sido canceladas. Por esto, han decidido transformarse en partido político y ahora se presentarán a las elecciones del 2018 con el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. El acrónimo permanece FARC y el símbolo es una rosa roja con una estrella de cinco puntas en el centro.
El candidato a la presidencia es un dirigente histórico, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko. A la vicepresidencia se candidatiza Imelda Daza, exmilitante del partido Unión Patriótica, exiliada por más de veinte años en Suecia. Desde el año pasado, Daza hace parte del Movimiento político Voces de Paz, cercano a las FARC, por el cual ha sido diputada en el parlamento colombiano. Presentando la lista de los candidatos, Imelda ha dicho: “Yo he sobrevivido al genocidio de la Unión Patriótica, no quiero pensar que esta historia terrible pueda repetirse”.
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En los años 80, cuando las FARC se transformaron en partido político luego de un precedente acuerdo de paz, fueron exterminados por los paramilitares y de las fuerzas gobernativas. En 1986, la Unión Patriótica participó por primera vez a las elecciones y obtuvo el resultado más alto jamás logrado en la historia de los partidos de la izquierda democrática: 5 senadores, 9 parlamentarios, 351 consejeros comunales y 23 alcaldías. En 1988 ya se había convertido en la tercera fuerza política del país. Una ofensa insoportable para las oligarquías.
Inicia entonces un exterminio planificado. Fueron asesinados 2 candidatos a la presidencia de la república, 7 senadores, 13 diputados, 11 alcaldes, 69 consejeros y más de 3.000 dirigentes y militantes de base. Más de 1000 los desaparecidos, unas veinte atentados a las sedes políticas, alrededor de 15 masacres, atentados a la libertad de prensa, miles de desplazados y torturados… ¿La historia ahora se repite?
Las elecciones para la renovación de la Cámara y Senado, en Colombia, se celebran en marzo del 2018, mientras el primer turno de las presidenciales será en mayo. Mientras tanto, prosiguen en Ecuador las negociaciones entre el gobierno y el ELN, la guerrilla guevarista, la segunda del país.
Las FARC presentarán los propios candidatos también a diputados y senadores. Si serán electos, se adicionarán a los 10 curules a los que – según los acuerdos de paz – tendrán derecho para los próximos 8 años. Los candidatos al Senado son el excomandante Iván Márquez, Jorge Torres (alias Pablo Catatumbo), Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada), Judith Simanca (Victoria Sandino), Sandra Ramírez y Benkos Biojó. A la Cámara, las FARC se presentan en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Santander, mientras en las otras regiones del país apoyarán candidatos de orientación afín y dispuestos a empeñarse para concretar los acuerdos de paz.
Las FARC proponen reformas estructurales para “reorientar el modelo económico” y responder a las exigencias más urgentes de la población. Mientras tanto, denuncian el doble discurso del gobierno de Santos. Más que a resolver los problemas en casa propia, pero Santos parece más ocupado en meter la nariz en asuntos ajenos, y a parlotear sobre los derechos humanos y democracia en Venezuela. Hasta ha criticado el símbolo de las FARC: “Habrían debido cambiar nombre”, ha dicho.
En el curso del 2017, el Esmad – cuerpo armado de la policía – ha atacado y herido a más de 1.900 personas durante manifestaciones y huelgas petroleras y mineras en las zonas de Chocó, Buenaventura, Segovia y Meta, durante protestas campesinas en el Catatumbo y Tumaco, en las movilizaciones del Cauca, Nariño y Huila, y en aquellas indígenas (Mingas Nacionales).
