CARACAS
Encontrarse, escucharse, perdonarse. La Venezuela bolivariana se enfrenta a un nuevo y complejo desafío de elaboración colectiva tras el trauma del 3 de enero. Con la aprobación de la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática, el país busca sanar las heridas dejadas por la violencia, cubriendo un arco temporal que va desde 2002 (el golpe de Estado contra Chávez) hasta hoy. Pero el proceso no atañe solo a las altas esferas de la política; afecta, sobre todo, a las raíces de la construcción social.
El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones del Celarg (Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos), dirigido por el historiador Pedro Calzadilla. La elección de la sede no es casual: un lugar de pensamiento y cultura que se transformó para la ocasión en un espacio de escucha política para el Programa por la Convivencia Democrática y la Paz, liderado por el ministro de Cultura Ernesto Villegas.
La iniciativa evoca, por analogía, la experiencia de los Tribunales Gacaca —sistema de justicia comunitaria— en la Ruanda post-genocidio; pero depurada de las ambigüedades que caracterizaron a aquellos tribunales populares (a menudo acusados de parcialidad y falta de garantías jurídicas para ambas partes), al estar sesgados hacia el lado de los vencedores, los tutsis. En el modelo venezolano, en cambio, los casos que no entran abiertamente en la amnistía se examinan por separado con procedimientos transparentes. Según Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, ya se han recibido 1.557 solicitudes y cientos de liberaciones están en curso.
Como precisó el ministro Villegas, este espacio de discusión no sustituye a los tribunales ordinarios, que siguen siendo los órganos competentes para conocer el fondo de posibles recursos y revisiones. El Celarg funciona, por tanto, como un espacio de mediación necesario para instruir los expedientes, garantizando el respeto a la ley junto con la sustancia política del perdón. No obstante, la amnistía no es una puerta abierta a la impunidad: quedan excluidos los delitos atroces y la gran corrupción. Jorge Rodríguez fue claro: “la ley prevé también la revisión de medidas sustitutivas para más de 11.000 personas bajo régimen de presentación o arresto domiciliario. Es la contribución para una paz que esperamos sea duradera, donde todos nos respetemos y se puedan discutir las diferencias sin recurrir al odio o la polarización”, declaró el presidente de la AN.
Mientras el extremismo de derecha intenta pervertir los fines de la ley mediante campañas mediáticas e influencers, el gobierno bolivariano reivindica su propia historia: desde el reconocimiento de las víctimas del Caracazo de 1989 hasta hoy, el objetivo sigue siendo la reconciliación nacional. Pero más allá de los grandes nombres de la política, el verdadero corazón de este proceso late en las historias de quienes, entre las filas del pueblo, han quedado atrapados en los engranajes de un sistema judicial aún por descolonizar.
Al tiempo que prosiguen las mesas de diálogo con los opositores y sus familiares, esta asamblea se dirigió específicamente a la izquierda popular y a aquellas categorías que han luchado por hacer respetar las leyes más avanzadas del chavismo en materia de tierras, vivienda y autogestión. Aquí emerge la contradicción más dura: el proceso bolivariano se sostiene sobre una difícil alquimia entre el viejo aparato burocrático —aún impregnado de las dinámicas de la Cuarta República— y la nueva construcción social. Los representantes del poder popular se han enfrentado no solo a la oposición política, sino a terratenientes y constructores que han intentado revertir las leyes revolucionarias a su favor, usando la legalidad como un arma contra los sectores populares.
En el municipio de Banal, estado Portuguesa, la lucha por la tierra ha tomado tintes de una injusticia procesal. Una coordinadora de las Misiones Campesinas relata con voz firme el caso de ocho trabajadores de la tierra del sector Castaño, judicializados —es decir, sometidos a proceso— por haber solicitado títulos de propiedad en plena conformidad con la Ley de Tierras.
Entre ellos está el compañero Gordero, detenido desde diciembre, y Michelle López, una docente y madre que ha tenido que alejarse de sus hijos por ser perseguida por la justicia siendo inocente. “Nos duele el alma”, explica la coordinadora, “porque son compañeros netamente revolucionarios, comprometidos con este proceso, que hoy viven una situación bastante dura”. Estos campesinos, que propusieron destinar el 60% de la producción al pueblo local, representan a ese pueblo que la Revolución quiere proteger y que ahora pide a la Comisión de Paz ser escuchado para poner fin a este tipo de atropellos.
No menos dramático es el testimonio que llega del sector industrial de Caracas. Nerio Méndez, sindicalista del sector químico-farmacéutico, habla abiertamente de “terrorismo judicial” dentro de una empresa privada. La historia comienza en 2019, con allanamientos arbitrarios en los lockers de los trabajadores e invención de «falsos positivos» para desplazar a los delegados sindicales.
“Aprovecharon la pandemia en 2020 para sacar a toda la junta directiva del sindicato, impidiéndonos luchar por los derechos de los trabajadores”, denuncia Méndez. A pesar de las mesas de negociación iniciadas por la diputada Luz Coromoto en 2022, para estos obreros comenzó un calvario de juicios, apelaciones y sentencias de casación que los mantiene hoy bajo asedio. Para ellos, la Amnistía y el trabajo de la Comisión liderada por Delcy Rodríguez son la última esperanza para demostrar que la magistratura no puede usarse como un arma patronal contra los derechos laborales.
Entre las organizaciones presentes, muchas fueron protagonistas de la Gran Marcha Nacional Campesina de 2018 contra el sicariato. El sentimiento generalizado es de una profunda injusticia frente a tribunales que sancionan la pobreza y jueces que aún se inclinan hacia quien tiene más recursos. Las sanciones y la desestabilización externa han retrasado el avance del poder popular, pero el proceso no se detiene: mientras se prepara la consulta popular del 8 de marzo, la presidenta encargada Delcy Rodríguez continúa entregando títulos de tierra en las Comunas.
Sin embargo, incluso cuando el Estado aplica la ley, los privados intentan a menudo retomar terreno. Fue significativa la reacción de la audiencia cuando el representante de Fedecámaras afirmó que hay que ir a la fuente de los problemas: “exacto”, fue la respuesta seca de quien identifica dicha fuente en la persistencia del modelo capitalista.
En este campo de batalla cultural, donde se decide si Venezuela elige la vida o la destrucción, el control político y la estabilidad son vitales. Bajo el chantaje del imperialismo y con la vida del presidente secuestrado en peligro, las mujeres han jurado por el nacimiento de la Brigada de Liberación Cilia Flores; la diputada y su esposa.
Mientras, desde el extranjero, la oposición radical instiga a sus franjas extremas para desmantelar el proceso de reconciliación; la voz de los trabajadores y campesinos recuerda que la paz no es ausencia de conflicto, sino justicia sustancial. El desafío es transformar la amnistía en una herramienta de rectificación frente a la herencia colonial del derecho burgués, protegiendo la continuidad del proceso revolucionario.
