El símbolo de Cilia Flores que quiere seguir al presidente y que, ante el tribunal estadounidense, se niega a doblegarse declarándose «prisionera de guerra» junto a su compañero; es la imagen más potente de la dignidad revolucionaria. Es la respuesta de todo un pueblo que le dice al supremacismo blanco y patriarcal: no pueden secuestrar una idea, porque esa idea camina sobre las piernas de millones de doñas que han decidido no volver a ser invisibles nunca más.
El secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores, operado por las fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero de 2026, tras un despliegue de fuerza militar y tecnología de alto nivel sin precedentes, no representa solamente un acto de piratería geopolítica, sino la culminación lógica de una parábola jurídica iniciada en los laboratorios de la contrarrevolución europea de los años setenta. Lo que en un tiempo se definía como «Estado de emergencia» se ha trasmutado en un dispositivo global y permanente, una «legislación penal del enemigo» que ha dejado de distinguir entre el derecho de guerra y el derecho civil, superponiéndolos en un único ejercicio de policía planetaria.
Del laboratorio italiano a la “gobernanza global”
Para comprender la violencia de la actual fase imperialista, es necesario remontarse al cortocircuito de seguridad que redefinió el concepto de «orden público». El caso italiano es, en este sentido, paradigmático. En el largo ciclo de lucha revolucionaria, abierto desde 1968-69, el Estado burgués —tutelado por los Estados Unidos y sostenido por una turbia alianza con mafias y neofascistas— respondió a cada avance obrero con la estrategia de la tensión: las masacres de Piazza Fontana y Piazza della Loggia fueron los «asesinatos de Estado» necesarios para frenar el impulso hacia el cambio radical.
Frente al reconocimiento de la OTAN por parte del PCI —el partido comunista más fuerte de Europa en aquel entonces, desde tiempo desaparecido— y al progresivo reabsorbimiento de las instancias populares en el marco institucional, en 1970 surgió la guerrilla marxista-leninista de las Brigadas Rojas, que enfrentó a la burguesía en un choque que duró casi veinte años. La respuesta del aparato de poder fue la instauración de un verdadero Estado de policía: cárceles especiales, penas aumentadas en un tercio, ejecuciones sumarias, torturas sistemáticas en los primeros años de los 80 y una legislación de arrepentimiento —basada en la delación premiada (el «pentitismo») y en la abjuración ideológica como condición para el derecho de palabra (la disociación) — orientada a quebrar la identidad política de los militantes.
Esta «emergencia» trastocó el tejido democrático para derrotar lo que se etiquetaba como «terrorismo». Pero el dato político central es que, incluso tras la derrota de la lucha armada, esta lógica no cesó: se convirtió en filosofía de gobierno, a nivel local y global.
El uso político de la magistratura y la nueva ética del arrepentimiento
La emergencia mutó en gestión ordinaria a través del uso político de la magistratura (hoy se llama lawfare). La justicia fue transformada en un instrumento para resolver los problemas sociales y, al mismo tiempo, en un terreno de confrontación entre sectores de la burguesía (como se vio en el paso de la Primera a la Segunda República con el proceso Andreotti y Tangentopoli, después en Brasil Lava Jato).
Esta dinámica impuso el «pentitismo» —concreto e ideológico— como una nueva ética pública, y la teoría de la conspiración suplantó al análisis de la historia como historia de la lucha de clases y choque de intereses contrapuestos: un dispositivo, jurídico y simbólico, orientado a truncar la dignidad de los nuevos sujetos en lucha, obligándoles a la abjuración como condición para el derecho a la palabra. Se castiga al individuo no por lo que ha cometido, sino por lo que representa: una amenaza a la acumulación capitalista.
Esta lógica se ha universalizado hoy. La vemos actuando en Perú, donde la legislación hereditaria de los años noventa sigue siendo utilizada para neutralizar toda oposición social, etiquetando como «enemigo interno» a cualquiera que reivindique la soberanía sobre los recursos. La encontramos en la operación de criminalización del centro social Askatasuna en Turín. Aquí, el Estado experimenta sobre las nuevas generaciones la transformación del disenso en una figura delictiva, buscando erradicar aquellos puestos de avanzada de la resistencia que aún desafían la explotación capitalista.
El fetiche de la legalidad y el secuestro de Cilia Flores
El sistema global opera a través de una hipocresía estructural: el fetiche de la legalidad. Por un lado, se exige la obediencia absoluta a las normas del mercado; por otro, el imperialismo pisotea el derecho internacional en cuanto se convierte en un obstáculo: desde el conflicto en las fábricas hasta los espacios públicos y los fraudes electorales, cuando el resultado diverge de la voluntad colonial. El secuestro de un jefe de Estado soberano y de una diputada electa revela la naturaleza real del «jardín» occidental: un orden basado en la “dictadura de la burguesía”, esencia de las democracias formales.
Es el mismo mecanismo que permite el genocidio en Gaza, donde todo el cuerpo social palestino es transformado en objetivo militar, y ninguna norma internacional parece poder impedir el crimen colonial. Benjamin Netanyahu y María Corina Machado comparten la misma función: son los custodios de una frontera neocolonial que criminaliza a quien resiste a la expropiación de los territorios y de las conciencias.
En este cuadro, el secuestro de Cilia Flores asume un valor simbólico enorme. La narrativa supremacista estadounidense intenta reducirla a una mera apéndice del líder, pero la Revolución Bolivariana la ha consagrado como «Primera Combatiente», subvirtiendo el rol patriarcal de First Lady. Golpearla a ella significa intentar herir el corazón de la militancia popular, que desafía con orgullo la arrogancia del poder.
El símbolo de Cilia Flores que quiere seguir al presidente y que, ante el tribunal estadounidense, se niega a doblegarse y se declara «prisionera de guerra» junto a su compañero, es la imagen más potente de la dignidad revolucionaria. Es la respuesta de todo un pueblo que le dice al supremacismo blanco y patriarcal: no pueden secuestrar una idea, porque esa idea camina sobre las piernas de millones de mujeres que han decidido no volver a ser invisibles nunca más.
Occidente se erige en defensor de los derechos de las mujeres solo cuando puede usarlos como pretexto bélico, pero criminaliza ferozmente a la mujer que participa en la construcción de una soberanía alternativa. Cilia Flores, abogada, de los sectores populares y protagonista de la historia revolucionaria, representa un feminismo de clase que no separa la emancipación de género de la lucha contra el capital.
Su negativa a doblegarse ante un tribunal extranjero, declarándose «prisionera de guerra», es la respuesta más potente al patriarcado colonial que querría a las mujeres del Sur global como víctimas silenciosas o comparsas subalternas.
Rendir honor a la resistencia de Cilia Flores significa, por tanto, revertir la perspectiva del feminismo liberal. Su figura nos recuerda que la lucha contra el patriarcado es inseparable del antimperialismo: no existe libertad para la mujer del Sur global si su país está bajo “sanciones” o bombardeos.
Nos recuerda, también, que la solidaridad de clase debe volver a saltar las fronteras: porque las mujeres que hoy en Venezuela defienden las fábricas y las comunas son las hermanas de las mujeres palestinas que resisten al genocidio y de las jóvenes militantes que en Europa se oponen a la lógica punitiva del Estado.
El rostro de mujer del poder popular: Delcy Rodríguez
El intento de desmantelar el proceso bolivariano a través del secuestro de sus símbolos choca con el hecho de que en Venezuela el poder tiene rostro de mujer. La conducción del país, asumida por Delcy Rodríguez como presidenta encargada, es la consecuencia natural de un proceso en el que más del 80% de la dirección de los organismos populares y de las Comunas está compuesta por mujeres, que también están en la cima de ministerios y poderes públicos. Son ellas las “casamatas” vivientes que resisten al ataque asimétrico y demuestran cómo el poder popular está intrínsecamente ligado a la subjetividad femenina liberada.
La presidencia “encargada” de Delcy Rodríguez, a quien tantas veces hemos visto desafiar abiertamente a los poderes fácticos en su rol de ministra de Exteriores, no es una excepción, sino la consecuencia natural de un proceso que, además de haber reconocido en el trabajo doméstico y de cuidado un valor social y político, ha transformado a las mujeres de objetos de la historia en sujetos del cambio radical. La lucha contra el capitalismo patriarcal en Venezuela es estructural, y se vincula a la liberación de toda forma de explotación y tutela colonial o neocolonial.
Venezuela: la última brecha
Defender a Venezuela hoy, significa defender la posibilidad misma del cambio radical contra un sistema que quisiera imponernos el arrepentimiento ideológico como única vía. El secuestro de Maduro y Flores es una advertencia para cualquiera que desafíe la hegemonía del dólar. Romper el aislamiento mediático significa rechazar el papel de «súbditos de la seguridad» para volver a ser sujetos de la historia.
En un mundo transformado en prisión, Venezuela sigue siendo el nombre de una esperanza que no se deja secuestrar.
