Por: Yván Gil
En el marco de la realización del proceso de diálogo, entre las fuerzas revolucionarias y sus opositores, creemos importante destacar algunos elementos que deberían ser parte fundamental en dicho esfuerzo. La aceptación, por parte de los grupos conservadores de la política nacional, de participar en dicho encuentro es una victoria de la legalidad y del marco constitucional, los cuales deben convertirse en la guía fundamental de la resolución del conflicto político: “Dentro de la Constitución TODO, fuera de ella NADA”.
Uno de los temas más importantes a debatir en la mesa es el tema económico, entendiendo este como la fuente más importante de afectación de la vida actual de todas y todos los venezolanos. Más allá de la simple participación en el diálogo estamos convencidos, que quienes hoy detentan el poder productivo y financiero de la economía no petrolera, tienen mucho como contribuir a la solución del problema de abastecimiento que hoy padecemos, y es su deber patriota acompañar los esfuerzos que se hacen desde el Ejecutivo Nacional.
Desde el inicio de la crisis económica, luego de la partida física del Comandante Chávez, el Gobierno Bolivariano ha convocado constantemente a las fuerzas productivas, estatales y privadas, a la discusión continuada de vías para conseguir el renacimiento de nuestra economía. Muchos han sido los avances, sin embargo, aún hay omisiones importantes de parte del sector privado y de los políticos de derecha que debemos abordar con urgencia.
El camino no es sencillo, tomando en cuenta que desde la Revolución Bolivariana luchamos por establecer un modelo económico alternativo al capitalismo expoliador, imperante en Venezuela por siglos. A pesar de ello existen puntos en comunes que nos permitirán avanzar en el corto plazo al restablecimiento de condiciones para el crecimiento económico, con miras a satisfacer las necesidades básicas de la población.
La más grave distorsión que se ejerce en nuestra economía es la llamada “Resolución Número 8-2000”, de nuestra vecina Colombia, la cual autoriza a las Casas de Cambio, ubicadas en la frontera con nuestro país, operar fuera del valor de la moneda oficial. Dicha norma ha sido utilizada por los enemigos del Bolívar para debilitar el tipo de cambio, encarecer los insumos importados, limitar el acceso a bienes y servicios y promover el contrabando de extracción. La Mesa de Dialogo debería ser la oportunidad para demandar la eliminación de dicha resolución, unidos todos los factores políticos.
La contrarrevolución que forma parte de la derecha venezolana, en su afán por derrocar la revolución, ha avalado acciones que se asemejan a un bloqueo económico financiero desde el sistema dominante mundial. Los revolucionarios demandamos el cese de inmediato de dichas acciones. Luchar para promover un proyecto político no puede hacerse desde la base de la destrucción del aparato productivo. La oposición venezolana tiene una vez más la oportunidad de rectificar y alinearse con el desarrollo nacional.
