Por Walter Ortiz
Indudablemente hay dos grandes variantes en cuanto a la situación planteada en contra de la República Bolivariana de Venezuela, la primera de ellas es la determinación del gobierno de los Estados Unidos de retomar su exclusividad unilateral en cuanto a la relación con América Latina, lo cual tiene como principal obstáculo precisamente a nuestro país.
En función de ello, no plantean muchos vericuetos jurídicos para dar vía política o militar a su decisión. Imponer la doctrina Monroe y controlar una cuenca caribeña cuyas riquezas y rutas marítimas no desea, si quiere sostener su poder de imperio, compartir con nadie. Tal cosa implica castigar severamente un proceso político revolucionario que le ha desafiado al punto de alterar su rol hegemónico regional en los últimos veinte años.
La presión de Mike Pence y Mike Pompeo a los países europeos con el propósito de favorecer el desarrollo de su plan a lo interno, simplemente choca con los eventuales intereses europeos, que en la actualidad fraguan una relación económica con América Latina, China, Rusia y un bloque alternativo de países. Tal vez hayan medido las posibles consecuencias de una acción militar contra el país.
Para nada, en el caso venezolano, la posición europea implica diferencias en el objetivo final: salir del gobierno y cambiar el régimen político en Venezuela. Sino que existen claras divergencias sobre los métodos aplicables para obtener el mismo fin.
La segunda variante es el mecanismo de Montevideo, es decir los esfuerzos desde Uruguay y México de abrir una variante de diálogo y en perspectiva acuerdos políticos capaces de sostener un proceso estable en Venezuela que facilite pasos, en primer lugar, para resolver la situación económica actual, con una crisis existente y un bloqueo económico financiero que afecta a los sectores más pobres de nuestro pueblo.
Esta vía cuenta con el respaldo de un grupo diplomático de países que privilegian los mecanismos multilaterales y que procuran reinstaurar soluciones políticas desde Venezuela y no bajo el tutelaje o imposición estadounidense. Sin embargo necesita saldar dos cuestiones clave.
Por un lado la táctica de Washington en la OEA de sacar del juego al gobierno legítimo de Venezuela para favorecer al gobierno paralelo al punto de darle asiento en dicha instancia y, eventualmente aprobar cualquier cosa que facilite acelerar el mecanismo de agresión contra un estado pacífico y soberano, sin casus belli que les asista.
Por el otro, la inexistencia de interlocutores internos con voluntad de dialogar y construir vías aceptables que les lleven a divorciarse de este plan. Es decir en Venezuela no hay oposición en la actualidad que no esté casada, por acción u omisión, con el plan implementado desde el gobierno de los Estados Unidos, más allá de las diferencias puntuales que puedan existir a lo interno. Un poder superior los gobierna y no se observa, por el momento, ninguna manifestación que exprese lo contrario.
Con ambas variantes, resulta esencial seguir ahondando las acciones a lo externo de defensa de la integridad de Venezuela, fortaleciendo mecanismos multilaterales que favorezcan la política y el diálogo, para derrotar la creciente amenaza militar contra un estado soberano.
Ello implica además, urgentemente, a lo interno fortalecer las gestiones de gobierno estableciendo las prioridades en las áreas vitales afectadas sensiblemente por la situación económica y el bloqueo contra Venezuela, para combatir efectivamente el argumento fraguado desde Washington de una crisis sin aditivos ni causantes más allá de los propios errores del gobierno bolivariano.
Esto seguirá contribuyendo a la derrota del plan injerencista que en la actualidad sigue sumando esfuerzos para quebrar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, buscando un golpe de estado clásico, cuestión que ha conseguido un muro infranqueable; mientras fábrica un falso positivo desde cualquier punto fronterizo para llenar el expediente de acción militar coaligada internacional contra Venezuela, para lo cual precisan al menos un disparador.
