En el marco del «Encuentro con los trabajadores del sector Hidrocarburos», celebrado en las instalaciones de la Refinería Puerto La Cruz, la Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la decisión de integrar formalmente los exitosos modelos de gestión desarrollados al amparo de la Ley Antibloqueo a la Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
Durante su intervención, la Presidenta Encargada enfatizó que esta medida busca consolidar y blindar jurídicamente las estrategias innovadoras que han demostrado su efectividad para reactivar la industria petrolera nacional, citando como ejemplo paradigmático los Contratos de Participación Productiva (CPP).
«Lo que queremos justamente es que todos esos modelos exitosos de la Ley Antibloqueo sean ahora incorporados a la Ley Orgánica de Hidrocarburos para dar mayor expansión a nuestra productividad», declaró Rodríguez.
Como prueba tangible del éxito de estos mecanismos, destacó el caso de un campo petrolero que, tras la firma del primer CPP en abril de 2024, incrementó su producción de 23.000 a 110.000 barriles diarios para el mes de diciembre de 2025. Con estos resultados, la Presidenta Encargada cuestionó retóricamente: «¿Sirven o no los CPP? Sirve o no un modelo que creamos en el marco de la coyuntura antibloqueo para explotar nuestras reservas energéticas a favor de Venezuela».
Finalmente, Delcy Rodríguez vinculó de manera directa el repunte de la actividad petrolera con la mejora de la calidad de vida del pueblo venezolano, alineando este objetivo con la visión expuesta por el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, de transformar el recurso energético en bienestar concreto.
«Que esos barriles que están en campos verdes, que ahorita requieren inversión, se conviertan en salario, se conviertan en agua, en electricidad, en vialidad, en alimentación, en salud para nuestro pueblo», sentenció.
Con esta integración normativa, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la protección y el fortalecimiento de la industria petrolera, promoviendo instrumentos legales que potencien la producción y aseguren que sus beneficios se traduzcan en desarrollo social para la nación.










