Por: Charles Delgado
Con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), inicia el cambio en la transformación del Estado, debido a la supremacía jurídica de dicha instancia que permitirá actualizar la Constitución venezolana, de acuerdo al desarrollo humano.
Ante esa revolución, el abogado Williams Morillo expresó que los Poder Públicos, deben colocar su puesto a la orden para no impedir la nueva estructuración del Estado venezolano con la ANC.
En este contexto, Morillo explica que el Ministerio Público también debe sujetarse a la ANC, ya que es la máxima instancia del poder político, social y económico de la nación.
Por tener ese alcance la ANC, puede sancionar cualquier Poder inclusive al Presidente de la República, si esté lo amerita en caso de caer en desviación de la carta magna, comentó Morillo el jurista.
Esto hace que la Fiscal abogada, Luisa Ortega Díaz, deba acatar todas las decisiones tomadas por el poder originario representado por la ANC, porque de lo contrario caería en desacato de la autoridad y violadora de los principios, y deberes de la Constitución.
Según el legalista Morillo, la fiscal Ortega Díaz incurrió en delitos penales por la utilización de “medidas sustitutivas” de libertad a los responsables de los hechos violentos acontecidos en más de cien de días de protestas.
“Unas 3000 personas ha tenido medidas cautelares, que como una fianzas más no los juzgan para darle privativa de libertad…es como una especia de disfraz”, comentó Morillo.
Dicha acción de violación de la ley, hace que la fiscal Ortega Díaz participe en “delitos con omisión a la acción penal” que deben ser sancionados por la legislación de la República, explica Morillo.
Pero, no solo la fiscal dejó delincuentes libres o buscó de juzgarlos con penas de pocos años, sino también instiga al odio con declaraciones políticas, indicó Morillo.
Ante ello, Morillo indicó que la ANC puede llamar a “revisar todos los cargos públicos” para iniciar el proceso de investigación legal contra el Ministerio Público o cualquier otro integrante del Estado.
“Dentro de las facultades de la Asamblea Constituyente puede tomar una primera decisión, como lo es la de ejercer una investigación o controlaría de cualquier Poder Público. Esa investigación arrojará acciones legales que permitirán ejercer medidas cautelares para que dé como resultado el cese de las funciones de dicho Poder por violentar los derechos y principios de la Constitución”, explicó Morillo.
En ese sentido, indicó que “sí es posible” el cambio de cualquier Poder Público que haya caído desobediencia legal y sí dicho poder no acata las decisión, la ANC puede dar orden a los organismo de seguridad para poner orden contra el represente del Poder Público.
“Las declaraciones hechas por la Fiscal Luisa Ortega Díaz han sido políticas más no jurídicas. Ya parece un político más no un represente de la Fiscalía”, expresó Morillo.
Ese comentario, igualmente, estuvo de acuerdo la abogada Johana Del Valle Pineda, quien aseveró que la Fiscal perdió los atributos de la ley, porque hace pronunciamientos y actuaciones como un político de la oposición.
“La actuación de la Fiscal, Luisa Ortega Díaz no está acorde a su posición de miembro de un Estado, se convirtió en un figura política de la derecha”, comentó Del Valle Pineda.
Así, también la integrante del Frente de Abogado Carlos Escarra de la UCV indicó que no puede quedar impune las acciones de la Fiscal, por lo que pide inhabilitar políticamente y que cese sus funciones en cargo por los delitos cometidos.
“Por sus intereses personales cayó en impunidad la Fiscal. No quiere al pueblo, ni lo respeta, porque el pueblo votó a favor de la Asamblea Constituyente. Ella debe acatar la decisión de la sociedad venezolana”, expresó Del Valle Pineda.
Aprovechó para hacerle un llamado a la Fiscal de acatar las decisiones de la ANC, porque de lo contrario estaría incurriendo en delitos penados en la ley.
Sobre la instalación de la ANC indicó que primeramente hará un reglamento interno para tomar sus decisiones en su seno, luego elegió una directiva con una presidenta, Delcy Rodríguez, quien será la vocero principal de dicha instancia suprema legal.
