¿Europa está despertando? La megahuelga de transporte público que paralizó Alemania el lunes 27 de marzo, hace esperar que la ira popular se extienda. En Berlín, el sindicato, de Transporte Ferroviario (EVG), y los Ver.Di –Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, en español, Sindicato Unido de Servicios, organización sindical afiliada a la Federación Alemana de Sindicatos–; que representan a los trabajadores del sector público, han realizado una movilización como no se veía desde hace treinta años: cuando, en la primavera de 1992, una gran huelga llevó a cientos de miles de trabajadores del sector a dejar de trabajar, en varias etapas durante varias semanas.
La huelga, de 24 horas, ha involucrado al transporte ferroviario de larga distancia, el regional, el transporte urbano; pero también a los aeropuertos y a la sociedad de autopistas. La intención de los Ver.Di es de seguir presionando al gobierno en las negociaciones entre el Estado y los municipios. El sindicato pide un aumento salarial para el transporte público del 10,5% y al menos 500 euros más en la nómina.
EVG, que representa el sector del tráfico ferroviario, pide un aumento de al menos 650 euros. La movilización ha afectado a los ferrocarriles, aeropuertos, pero también a la administración del transporte naval. La circulación urbana se ha visto afectada en siete Länder (estados federados). En total, alrededor de 2,5 millones de trabajadores están interesados en las modificaciones contractuales requeridas por los sindicatos para hacerle frente a la caída del poder adquisitivo, provocada por la inflación.
Para contener la ola inflacionaria, inducida por el aumento del coste de las materias primas y de los bienes energéticos importados, como consecuencia del conflicto en Ucrania y de la política miope de la UE, subordinada a Estados Unidos, la Reserva Federal (FED), y luego el Banco Central Europeo (BCE), subieron los tipos de interés sin afectar las causas de los problemas. Los gobiernos europeos, por su parte, han continuado en la misma dirección, tratando de utilizar la presión fiscal para contener las consecuencias de la inflación, obviamente a favor de las empresas, cuyos beneficios deben financiarse con las arcas del Estado.
Hasta ahora, el gobierno alemán –la economía más rica de la eurozona– ha podido destinar 200.000 millones de euros para apoyar a sus grandes empresas, para limitar su salida hacia países con precios energéticos más asequibles, pero el coste lo deben pagar los trabajadores. En el resto de países de la UE, menos sólidos y más endeudados, las restricciones presupuestarias estipuladas con las instituciones europeas exigen que se apriete aún más la soga al cuello de las clases populares.
Mientras tanto, en Francia continúan las protestas contra la reforma de las pensiones, que el presidente Macron decidió hacer aprobar a toda costa. El gobierno, por temor a que los legisladores puedan bloquear las reformas, debido a que no tiene la mayoría absoluta en el parlamento, ha invocado el artículo 49.3 de la Constitución, un mecanismo que le permite adoptar un proyecto de ley sin la aprobación parlamentaria.
En televisión, Macron dijo que la reforma «no le agrada», pero que llegará hasta el final, porque «no se puede hacer de otra manera, por el bien del Estado», para llenar las arcas del Estado, que se están vaciando, porque –explicó– aumenta la esperanza de vida, porque los nacimientos disminuyen, porque los jóvenes encuentran cada vez más tarde un trabajo permanente y no pueden contribuir adecuadamente a los fondos de la seguridad social.
Las mismas «explicaciones» presentadas en Italia por la ministra Elsa Fornero, y acompañadas de lágrimas televisadas cuando, en 2012, anunció su reforma de «lágrimas y sangre» para los sectores populares. Fornero actuaba en nombre del «gobierno de los técnicos», encargado de hacer el trabajo sucio por cuenta de las grandes instituciones internacionales. Una medida mucho más drástica que la francesa, que incluye elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y exigir al menos 43 años de trabajo para tener derecho a una pensión completa. “Nos lo pide Europa, nos lo piden los mercados”, era el estribillo que se repetía obsesivamente y que no ha cambiado por ahora Francia.
Según las reglas del capitalismo, no se puede escapar a los planes de ajuste estructurales impuestos por las grandes instituciones internacionales. La receta es siempre la misma, en el punto de mira están las garantías laborales y las pensiones. La deuda pública, la tienen que pagar los sectores populares. En el modelo capitalista, el dinero de los impuestos –en Italia los más altos de Europa– debe ir a financiar al sector privado y a los bancos, a los que se han vendido las estructuras públicas, y a financiar las guerras imperialistas.
Además, dada la dependencia energética de la UE, que importa el 55% de su energía y ya no puede abastecerse de Rusia; la situación solo empeorará. A menos que la presión popular, como está pasando en Francia, con una huelga cada día más política y unificadora, exija la devolución de los bienes robados: es decir, un control de precios que se nutre de los importantes niveles de beneficio que obtienen las grandes multinacionales también como consecuencia de la inflación.
