Por: Alí Ramón Rojas Olaya
La injerencia estadounidense contra Venezuela en este siglo, apoyada en la agresión empresarial interna, se inició desde el mismo momento en que la Casa Blanca conoció el inminente triunfo que tendría el candidato Hugo Chávez en las elecciones del 6 de diciembre de 1998. Estas embestidas se concretan, aunque por poco tiempo, entre el 11 y 12 de abril de 2002. Desde ese momento el golpe de Estado en Venezuela adquiere la categoría de “continuado”.
Tiene dos variantes: el militar-mediático-empresarial, como fue aquel, y el parlamentario, como es el que se inició el 23 de octubre de 2016 bajo la Operación Cóndor Plan Rock and Roll y que tiene su génesis en la instalación de la Asamblea Nacional el 6 de enero cuando ya ésta se decidió, más que a legislar, a destituir al presidente Nicolás Maduro siguiendo las pautas de otro plan: la Operación Venezuela Freedom 2, emanada por el militar estadounidense Kurt Tidd del Comando Sur.
Ambos momentos son distintos. Para el año 2002 la industria petrolera no estaba bajo control de la Revolución Bolivariana y un porcentaje significativo del alto mando militar apoyaba la contrarrevolución. En 2016, esas dos debilidades habían sido superadas. En ambos casos, la producción y distribución de bienes siguen estando bajo control de Fedecámaras. Es desde que la Revolución asume Pdvsa que se inicia el auge social en Venezuela al punto de ocupar el tercer lugar de los países latinoamericanos y caribeños con menor porcentaje de pobreza, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Los laboratorios de desestabilización de Estados Unidos planifican cómo derrocar la Revolución Bolivariana. Para ello han desplegado una guerra económica, financiera, psicológica, mediática, cultural, fronteriza, paramilitar, jurídica y eléctrica. El vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, hizo público el 22 de octubre de 2016 el golpe parlamentario que contempla insistir en el Referendo Revocatorio, alegar el abandono del cargo por parte del presidente Maduro, convocar un paro nacional, marchar hasta Miraflores, asediar a los cuarteles militares, atacar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y esperar la intervención de Estados Unidos a través de su embajada.
El pueblo se organiza en la defensa integral de la Patria, y han surgido, en el seno del poder constituyente, escuelas de formación política. Tal es el caso de la Escuela de Defensa Integral Comandante Eliézer Otaiza (Ediceo) que nace el 11 de abril de 2015, por mandato del Plan de la Patria que, en su objetivo general 1.7.2.2, insta a “crear una Escuela Popular Itinerante para la educación del pueblo en materia de defensa integral”. Ediceo parte de la importancia que tiene la unidad cívico-militar y su papel es fortalecer las potencialidades en materia socioproductiva, cultural, ambiental, científica, humanística, partiendo de la Doctrina Militar Bolivariana.
Ante esta guerra, el presidente Nicolás Maduro crea la Agenda Económica Bolivariana como primer paso sólido de planificación de la transición del Estado rentista al Estado socioproductivo emancipador.
Y en materia de defensa, activa el Consejo de Defensa de la Nación que, como establece el artículo 323 de la Carta Magna, “es el máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del Poder Público en los asuntos relacionados con la defensa integral de la Nación, su soberanía y la integridad de su espacio geográfico”. Para el problema de la dependencia productiva se crea la Gran Misión Abastecimiento Soberano y para el saboteo en la distribución de bienes, se crean los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Aún persiste el serísimo problema de la cultura hegemónica capitalista subdesarrollante que transgrede las raíces de los pueblos y se expresa en la cultura del petróleo. La defensa integral de la Patria tiene en la cultura su centinela idóneo. El pueblo venezolano no puede seguir siendo esclavo de lo que combate. Este es el momento de romper con la cultura que nos enajenó. Asumamos que “una revolución para que sea irreversible debe ser cultural”.
Las fuentes de legitimidad del Gobierno Bolivariano residen en el poder popular. El pueblo ha asumido el poder constituyente tal y como lo expresa el artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo” y el artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Popular en la que define a éste como: “el ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo en lo político, económico, social, cultural, ambiental, internacional, y en todo ámbito del desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad, a través de sus diversas y disímiles formas de organización, que edifican el estado comunal”.
