La extrema derecha venezolana no descansa. Por un lado, intenta orquestar una nueva campaña de injerencia, involucrando al Parlamento Europeo y a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que si quisiera hacer su trabajo debería ocuparse del genocidio contra los palestinos perpetrado por «Israel». Por otro lado, mediante la «banda “guaidoista”, intenta también cobrar dinero encabezando la demanda colectiva de unos 20.000 exdirectivos de Pdvsa (La Gente del Petróleo), despedidos después del golpe contra Chávez y el paro petrolero, en 2002-2003, que denuncian “violación a los derechos humanos”.
La demanda ha sido admitida por el mismo tribunal federal en Delaware, en los Estados Unidos, que ha autorizado el robo de Citgo, empresa venezolana en el exterior, que cuenta con 14.885 estaciones de servicio; y siempre en base a la figura del alter ego, que permite atribuir la responsabilidad de una entidad a otra que actúa como su extensión. Los ex directivos piden así una indemnización de 100.000 dólares por persona, que se haría efectiva con la subasta de Citgo. Y tienen prisa, antes de que los activos de la empresa sean embargados por los acreedores de Pdvsa.
En otro capítulo del robo de Citgo, puesto en marcha por las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. El 1° de mayo de 2023, una semana después de la Reunión de Bogotá en la que 20 países evaluaron rutas para acercar posiciones entre EEUU y Venezuela; la OFAC emitió la licencia 42, que autoriza a la inexistente Asamblea opositora del año 2015 a negociar con acreedores de Venezuela acuerdos que podrían incluir el remate judicial de la empresa refinadora.
Esta decisión puso en el centro de la escena a la joya de la corona, tantas veces prometida por Juan Guaidó a EEUU, la apetecida Citgo, patrimonio del Estado venezolano. El presidente Maduro de inmediato rechazó la decisión, al igual que la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien ratificó que Venezuela no reconocerá ninguna negociación que involucre activos de la nación en el marco de la Licencia 42, o que sea llevada a cabo por el equipo de Juan Guaidó.
Por su parte, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó un instrumento legal que incluye acciones penales y patrimoniales contra los ciudadanos venezolanos que se presten a negociar o entregar los activos de Venezuela en el extranjero, catalogándolo como crimen organizado.
El falso presidente de Citgo, nombrado por Guaidó, el señor Horacio Medina, también recordado por su rol en el paro petrolero del año 2002, y número uno de La Gente del Petróleo, como se denominaban los meritocráticos, anunciaba a un conocido medio cercano al interinato, que ya ellos estaban sentados negociando con Crystallex, y otros acreedores de deudas de Venezuela.
Según el fallo del juez estadounidense, Leonard Stark, de la Corte Federal en Delaware, los pretendidos acreedores de Venezuela podrían cobrarse las supuestas deudas de la República con los activos de Citgo, que para efectos de la legislación estadounidense es una empresa privada. Esa decisión fue posible gracias al falso procurador de Guaidó, un abogado que elaboró la absurda teoría denominada alter ego que permite que empresas buitres corporativas despojen a Venezuela de sus activos.
Actuando como sicario de las grandes multinacionales, en 2022 Stark contrató a la firma de inversiones Evercore Group para recolectar datos financieros y mercadear la empresa, y recibió, por parte de la OFAC, autorización previa para la subasta.
La oferta de esta firma busca incluir a otras grandes empresas con los mayores laudos arbitrales, como ConocoPhillips y ExxonMobil. A raíz de la aprobación de la Licencia 42 de la OFAC, se convalida así el robo de la estatal venezolana Citgo en el país norteamericano, a pesar que Venezuela ha apelado ante la Corte Suprema.
En enero de 2024, después de que la Corte Suprema de EEUU rechazó la petición de apelación de Venezuela, el juez Stark permitió que más acreedores se unieran a la subasta.
La mayoría de ellos, incluidos Contrarian Capital Management y los fondos Pharo Gaia y Gramercy, fueron autorizados por el tribunal a participar a la subasta, que podría dar lugar a una de las mayores ventas judiciales en la historia de Estados Unidos. Por ello, el objetivo de la banda es cerrar negociaciones con los acreedores más apremiantes y cobrar. Mientras tanto, los medios de comunicación favorables a ellos achacan culpa a la deuda externa contraída «por Chávez y Maduro», a las «expropiaciones» y al «fracaso del socialismo bolivariano» en la gestión de los recursos del país. Los “autoproclamados” han estado negociando con el productor de petróleo estadounidense ConocoPhillips, la minera canadiense Crystallex Corp y tenedores de bonos organizados durante más de un año. La prioridad en los pagos sería por la minera canadiense Crystallex, que presentó por primera vez su reclamación de 990 millones de dólares contra Venezuela en 2017, pero que no pudo cobrar por las “sanciones” de Estados Unidos a Venezuela.
El caso tiene un alcance más amplio que el robo de Citgo. Finalmente, es necesario crear un precedente que permita a las grandes multinacionales aprovecharse de Estados que, como Venezuela, Ecuador en la época de Correa; o Bolivia; y antes Cuba; han decidido recuperar el control económico y político sobre la explotación de sus recursos. El objetivo es permitir que los fondos buitre se apoderen del país, para reducirlo como a Argentina, endeudada por generaciones. Por esta razón, no es irrelevante quién lidere el juego a nivel legal y represente los intereses del país.
Al mantener viva la farsa del «gobierno paralelo», a pesar de su proclamado fracaso, el imperialismo estadounidense pretende mantener abierta una opción de chantaje a las decisiones políticas de la República Bolivariana. El dinero robado a Citgo ha alimentado y quisiera seguir alimentando las arcas de la subversión.
El viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, así lo explicó: “El valor de las deudas que acumuló Citgo bajo la gestión de Juan Guaidó, Horacio Medina y Carlos Jordán y de todos los venezolanos que se prestaron para una operación usando un Tribunal, y así justificar unas deudas y posteriormente incrementar dichas deudas, y hacer la empresa inviable para subastarlas, ha sido siempre el plan diseñado por José Ignacio Hernández que termina como procurador de Guaidó y protector de los activos de Venezuela”.
