Legislar sobre el tema impositivo es siempre muy polémico en cualquier país, pues se trata de establecer regulaciones respecto al dinero que el Estado recauda de los ciudadanos y sus organizaciones.
Cualquier intento de reforma tributaria suele generar posturas adversas de parte del empresariado (como la que ocurrió en Venezuela en los años 60) o fuertes reacciones populares (como la que generó un estallido social en Colombia en 2021).
En la Venezuela de 2022, está avanzando sin turbulencias la discusión de una propuesta de ley para coordinar y armonizar el cobro de tributos entre los diversos niveles administrativos: el gobierno nacional, las gobernaciones y las alcaldías. No es una reforma tributaria de gran calado porque no toca directamente el punto de las cargas impositivas según el nivel de ingreso, pero sí afecta el tema de la recaudación por parte de las regiones y las localidades.
Las gobernaciones y alcaldías han venido escalando en sus esfuerzos por captar recursos del público, especialmente desde que las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo estadounidense han asfixiado las finanzas nacionales. Los fondos que antes recibían estos entes por medio del Situado Constitucional han mermado forzosamente, obligándolos a buscar otras fuentes de ingreso.
Primer debate finalizado
La Asamblea Nacional acaba de aprobar en primera discusión y por mayoría calificada el Proyecto de Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios.
El proyectado instrumento jurídico contiene 52 artículos, distribuidos en siete capítulos, una disposición transitoria, dos disposiciones derogatorias, y una disposición final.
En el documento legal se establece que los gobiernos regionales y locales deberán consultar al Consejo Superior de Armonización Tributaria cualquier cambio en los impuestos que cobran, ya sea fijación de nuevas tasas o alícuotas o creación de tributos.
El Consejo Superior de Armonización Tributaria estará integrado, según el texto del proyecto, por el ministro con competencia en materia de economía y finanzas, quien lo presidirá; el superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), tres gobernadores, y tres alcaldes.
En su exposición de motivos el proyecto expresa que la ley establecerá los parámetros, limitaciones, tipos de impuestos y alícuotas; que permitan garantizar la coordinación de las potestades tributarias que corresponden a los estados y municipios, de conformidad con lo establecido en la Constitución Nacional.
Objetivos estratégicos
El propósito de fondo de esta ley es alinear a los gobiernos regionales y locales con la visión económica nacional actual en el plano tributario, dijo el diputado Jesús Faría, presidente de la Comisión de Economía, Finanzas, y Desarrollo Nacional de la AN.
“Se trata de una profunda reforma tributaria progresiva donde los que más tienen contribuyan en mayor proporción al país, toda vez que se está transitando y dejando atrás la fase rentista”, aseguró Faría.
Los impuestos, tasas e ingresos que han percibido los gobiernos estadales y municipales en los últimos tiempos han generado un “proceso caótico y desordenado que ha activado una mentalidad feudal. Hemos podido constatar que existe un desorden muy importante en el tema tributario, por parte de un conjunto de alcaldías y también gobernaciones, eso no puede permitirse”, agregó el parlamentario.
Opiniones
El también diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Ramón Lobo, expresidente del Banco Central de Venezuela, señaló que con el nuevo instrumento legal se podrá evitar la doble tributación, la sobreimposición y la sobrecarga fiscal que puede afectar la actividad económica que se desarrolla en los municipios.
“Optimizará la recaudación tributaria y pondrá orden en algunas entidades donde se están fijando tributos a discreción, sin tomar en cuenta a otras entidades establecidas en la Constitución”, puntualizó.
El diputado Oscar Ronderos, jefe del Bloque Parlamentario de Oposición, expresó su respaldo al proyecto de ley y destacó que apoyan una reforma integral tributaria que pueda limitar la voracidad fiscal local, regional y nacional.
Luigi Pisella, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), expresó que los empresarios del ramo esperan que la ley fomente una nueva cultura tributaria y amplíe la recaudación, de modo que esta se vea reflejada en la calidad de los servicios públicos y en una mayor actividad económica.
El dirigente patronal hizo énfasis en la expectativa que tiene el sector con esta nueva ley, y destacó que esperan que ponga orden y termine con cobros de tributos a los que calificó de exorbitantes; algunos de ellos creados por las gobernaciones de estado.
También en el campo tributario, dijo que los empresarios del sector industrial enfrentan una competencia desleal debido a la importación de rubros terminados que se encuentran exonerados del pago de impuestos y aranceles.
Entre las propuestas que presentó el gremio empresarial, es que se disminuya a 2 % la alícuota del impuesto municipal a la actividad económica de industria, comercio y servicios; la cual se encuentra actualmente en 3 %.
Para la segunda discusión, la AN ha abierto un proceso de consulta nacional con los diversos sectores involucrados. Estas jornadas comenzaron recientemente en Maracay. La idea es garantizar que el proceso de deliberación prosiga como hasta ahora; sin perturbaciones y procurando que los parámetros de la nueva ley sean establecidos por consenso.
Teoría de la armonización
Los especialistas en Derecho Tributario señalan que por armonización tributaria debe entenderse un mecanismo para establecer la proporción, concordancia y correspondencia de los diferentes impuestos, definidos por los entes políticos territoriales, para evitar los excesos de la carga tributaria y la violación de los derechos fundamentales de la propiedad de los sujetos de la obligación tributaria.
La armonización de un tributo cristaliza cuando dos o más entes públicos adoptan una normativa común, recíproca, igualitaria y justa.
Se logra mediante la homogenización de normas y procedimientos tributarios, es decir, criterios y parámetros similares en los diversos organismos públicos que recaudan impuestos.
Cuando se logra esta armonización, según la teoría, se eliminan la doble tributación y la sobreimposición; a la vez que se controla la evasión y se optimiza la recaudación.
