El plan golpista que emprende la derecha contra la institucionalidad democrática comprende la pretensión de «remover», sin fundamento legal, a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Así lo advirtió este martes Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), «No hay ni una sola averiguación contra ningún magistrado en el poder ciudadano, no hay la calificación de ninguna falta como lo establece la Constitución, para que ellos digan que van a destituir a los magistrados es parte de sus golpe de Estado».
Según el abogado constitucionalista José Vicente Haro, este será el proceso de remoción de los magistrados:
En primera instancia indicó que el acuerdo parlamentario plantea el inicio de dos procesos independientes, el jurídico-constitucional y el jurídico-penal: el primero con el fin de remover a los magistrados y el segundo para esclarecer si incurrieron en algún delito, lo cual los llevaría a la cárcel.
Cabe destacar que el proceso jurídico-constitucional implica invocar el artículo 265 de la Constitución, que otorga las competencias al Parlamento de remover a los magistrados previa calificación de una causa grave por parte del Consejo Moral Republicano: integrado por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República.
Por lo tanto, se requiere que dos de los tres órganos del Poder Ciudadano voten a favor de iniciar el procedimiento, así como citar y garantizar el derecho a la defensa de los magistrados para determinar si hubo o no una falta grave que amerite destituirlos.
Si se llegara a determinar al menos una falta grave, se enviaría el expediente a la Asamblea para que vote a favor o en contra de la destitución. Haro destacó que se necesitan dos de las terceras partes de los integrantes totales del Parlamento para proceder con la remoción, es decir, los 112 legisladores opositores. No obstante, en la primera sesión ordinaria del Parlamento en 2017 se desincorporó a los tres diputados por el estado Amazonas (Nirma Guarulla, Romel Guzamana y Julio Igarza): “El escollo es que se necesitan esos diputados”, acotó el abogado.
Asimismo El líder socialista Diosdado Cabello, considera necesario que los poderes públicos investiguen a los diputados que promueven esta medida dirigida a desestabilizar el orden institucional del país. «Porque ser diputado no es patente de corso para desconocer el resto de los poderes. Para ser diputado, electo por el pueblo, hay que ser responsable de sus actos».
Patricia Abreu Guillén
