Acompañada de las máximas autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez Gómez ha presentado en la Asamblea Nacional, los proyectos de Ley de Presupuesto y de Ley de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Económico Financiero 2024. Un monto de 729 mil 948 millones 434 mil 691 bolívares, donde los ingresos ordinarios se calculan en un 38,80 %, los extraordinarios en 47,8 %, y el endeudamiento en 13,40 %.
Durante el año 2023, se ha recuperado la actividad comercial, la petrolera, la producción manufacturera privada; en rubros como alimentos y bebidas. El sector químico y farmacéutico, la agroindustria y la agricultura experimentaron crecimiento, esta última con un acumulado de 5,20 %. La recaudación tributaria, de enero a noviembre de 2023, creció en 27,5 %, con ingresos que superan los 4.600 millones de bolívares. La inflación del mes de noviembre fue la más baja, ubicándose en 3,50 %, en relación al mismo mes de 2013, que fue de 4,8%.
Un resultado debido a una orientación que ha permitido diversificar la economía, frente a las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra Venezuela; que han golpeado especialmente a la industria petrolera, principal motor económico del país. En total, se le han impuesto a Venezuela 927 “sanciones”, de las que 763 provienen de los Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que las restantes 164 provienen de otros países y del sistema financiero internacional. Las “sanciones” son dirigidas contra 467 personas, 169 organizaciones, 69 buques, 58 aeronaves y 164 activos venezolanos congelados en el exterior. Una práctica criminal que, sin embargo, no ha terminado, porque el gobierno estadounidense sólo ha «flexibilizado» algunas medidas coercitivas y la Unión Europea las ha prorrogado por seis meses en vez de un año más.
Al presentar los proyectos de presupuesto de 2024, la vicepresidenta ejecutiva hizo un resumen del impacto negativo sobre los recursos en los últimos 4 años, siendo el 2020 el más afectado con la pandemia del Covid y antecedido por el recrudecimiento del bloqueo económico, con pérdidas del 99% de los ingresos en divisas. En el segundo semestre de 2021, el pueblo venezolano asumió el camino del sacrificio para la recuperación económica con un modelo distinto a la dependencia de la renta petrolera. Así que 2022 no estuvo exento de dificultades, y en el cual se diseñó un plan teniendo como centro esencial el ser humano y la lucha por el combate a la hiperinflación.
“Las sanciones a Venezuela deben ser derogadas completamente, es un pedido del pueblo venezolano, porque es el derecho sagrado a la felicidad social, al futuro, a desarrollar las potencialidades de la patria; que no existan amenazas, ni agresiones externas”, dijo Rodríguez.
Sin embargo, “Venezuela superó esa etapa”, y sigue creciendo, también en comparación con las economías de los países capitalistas. Respecto al abastecimiento en 2023, se alcanzaron los mejores niveles, con un 97% de productos y bienes en las redes de distribución, y la erradicación del desabastecimiento. Así que más del 77,4 % del Presupuesto de la Nación para 2024 está destinado a la inversión social. Ya el año pasado, el presupuesto se concentró en la participación social, con el ejercicio del 1×10 del Buen Gobierno, para atender a los más vulnerables; además de inversión en salud, seguridad social, cultura, comunicación, infraestructura y obras públicas, seguridad, vivienda y otras áreas de interés social.
Además, este año el presupuesto incluye la defensa de la Guayana Esequiba, en ejecución de los mandatos que el pueblo venezolano dio el 3 de diciembre al Estado y sus instituciones, y siempre en función de cubrir las necesidades del pueblo, que será el “norte estratégico” de dirigir los recursos a sectores que conforman el estado de bienestar social, y adonde irá dirigido el mayor porcentaje del presupuesto.
Un esfuerzo que la revolución bolivariana siempre ha mantenido, incluso cuando los ingresos cayeron a mínimos históricos, y que muestra la diferencia con los países capitalistas; donde las políticas sociales son los primeros «costos» que deben recortar. Esto es lo que está haciendo en Argentina el ultraliberal Javier Milei, quien acaba de recibir un préstamo de 960 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional para… cubrir el pago de servicios de deuda que se estaba venciendo con el FMI, organismo al que el país suramericano adeuda unos 46.000 millones de dólares.
“No hay plata”, anunció “el loco de la motosierra” que ahora es presidente de Argentina. Por supuesto que no hay dinero. Desde la llegada al gobierno de Macri, que tenía la tarea de volver a poner al país en manos de los fondos buitre; el dinero que ingresa y que no termina en el los bolsillos de las grandes multinacionales y sus representantes, debe cubrir la deuda contraída por generaciones con el Fondo Monetario Internacional. Con exiguas reservas monetarias en el Banco Central, Argentina ha tenido que recurrir varias veces este año a financiación externa para poder cubrir vencimientos de deuda con el FMI, organismo con el que en marzo de 2022 firmó un acuerdo de refinanciación.
El nuevo Gobierno de Milei anunció el martes pasado un “plan de severo ajuste” con el objetivo de recuperar el equilibrio fiscal en 2024, que incluye recortes de gastos y aumento de impuestos, además de una devaluación del 50% en el peso argentino que se concretó la semana pasada.
Según la edición más reciente del documento del Banco Mundial, titulado Informe sobre la deuda internacional; en 2022, cuando se produjo el mayor aumento de las tasas de interés mundiales en cuatro décadas, los países en desarrollo destinaron una cifra récord de US$ 443.500 millones al pago de su deuda externa pública y con garantía pública. El aumento de los costos llevó a que se desviaran recursos escasos y se desatendieran necesidades críticas como la salud, la educación y el medio ambiente.
Los pagos del servicio de la deuda ─que incluyen capital e intereses─ aumentaron un 5% respecto del año anterior en todos los países en desarrollo. En 2022, los 75 países que pueden recibir financiamiento de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), institución del Banco Mundial que brinda apoyo a los países más “pobres”, pagaron un monto sin precedentes de US$ 88.900 millones en concepto de costos del servicio de la deuda.
En la última década, los pagos de intereses realizados por estos países se cuadruplicaron hasta alcanzar un máximo histórico de US$ 23.600 millones en 2022. Según el informe, se espera que en 2023 y 2024 los costos generales del servicio de la deuda de los 24 países más “pobres” aumenten considerablemente en hasta un 39 %.
Y ciertamente las cosas no van mejor para las clases populares de los países capitalistas, empezando por Europa, donde los gobiernos subordinados a la OTAN acordaron recortar drásticamente el gasto social para responder a los dictados de las instituciones financieras; destinan descaradamente una gran parte del presupuesto a favorecer los intereses del complejo militar-industrial, del sionismo y de las grandes multinacionales; y aprueban leyes que absuelven y protegen a los principales evasores de impuestos y a los principales especuladores financieros.
