Todavía no se conoce el número exacto de muertos, heridos y desaparecidos en esos días de febrero y marzo de 1989. Aunque los hechos ocurrieron mucho antes de su mandato, el gobierno del presidente Hugo Chávez reconoció la responsabilidad del Estado venezolano y en el año 2006 a través del Ministerio de Interior y Justicia, anunció mecanismos para indemnizar también a las víctimas que no tuvieron acceso a la Corte Interamericana.
“Entré a Fuerte Tiuna y me tocó verlo en guerra. Fui a buscar gasolina con un compadre que era coronel. Me senté en su oficina y veo en el televisor aquel desastre. Salgo al patio, los soldados corriendo y unos oficiales mandando formación y a buscar los fusiles. Y le digo: ‘Mi coronel, ¿qué van a hacer ustedes?’. ‘¡Ay, Chávez!, yo no sé qué va a pasar aquí. Pero la orden que llegó es que todas las tropas salgan a la calle a parar al pueblo’. ‘¿Pero cómo lo van a parar?’. ‘Con fusiles, con balas’, incluso dijo: ‘Que Dios nos acompañe, pero es la orden’. Vi los soldados salir, los soldados logísticos que no son soldados entrenados. Esos son los que hacen la comida, los que atienden los vehículos. Hasta a los mecánicos los sacaron y les dieron un fusil, un casco y bastante munición. Lo que venía era un desastre, como así fue”. Así describió el comandante Hugo Chávez lo que vio aquel 27 de febrero de 1989, un día que quedó en la historia de Venezuela, el día en que el pueblo de uno de los países más ricos del mundo, la quinta reserva mundial de petróleo, se levantó contra un sistema que lo había sumido en la pobreza y la desesperanza.
Para los venezolanos El Caracazo o “El Sacudón” fue el día en que el pueblo bajó de los cerros, como se le conoce a los barrios más humildes de la capital. El 27 y 28 de febrero de 1989 se desató una ola de saqueos en el país, principalmente de supermercados, carnicerías, negocios de artículos electrónicos y línea blanca. No podemos olvidar que hablamos de una Venezuela cuyo 62 por ciento de la población estaba sumida en la pobreza…
La masacre
En el Cementerio General del Sur, al oeste de Caracas, hay un sector conocido como “La Peste”, porque durante “El Caracazo” allí eran llevados y amontonados por días los cuerpos de los civiles asesinados en los barrios. Luego eran enterrados en fosas comunes.
En “La Peste” recientemente las autoridades encontraron una fosa común con 70 cuerpos no identificados. No estaban incluidos en la lista oficial del gobierno de Carlos Andrés Pérez.
Justicia
En 1998, un fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, 10 años después de la masacre, ordenó al Estado venezolano indemnizar solamente a los familiares de 45 personas asesinadas durante la revuelta social.
Todavía no se conoce el número exacto de muertos, heridos y desaparecidos en esos días de febrero y marzo de 1989.
El 27 de febrero de 2013, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) juramentó una comisión para investigar la actuación de policías y militares en 1989, que según cifras oficiales dejó 276 muertos, pero que algunos calculan que los desaparecidos pueden llegar a los dos mil. Ese mismo año la Fiscalía acusó a Virgilio Ávila Vivas (Gobernador del Distrito Capital en 1989) por su responsabilidad en la masacre. En noviembre de 2014 inició el juicio en su contra.
Telesur / Redacción Web.
