El reciente disparate de Donald Trump, que ofreció a Venezuela el “codiciado título” de estado 51 de la Unión, atraído por los cuarenta billones de dólares de reservas petroleras, llegó inmediatamente después de la histórica defensa presentada por Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El núcleo de la disputa reside en la reclamación histórica de la Guayana Esequiba, un territorio de 159.000 kilómetros cuadrados que el imperio británico le arrebató al país en el siglo diecinueve.
El recorrido diplomático de esta lucha comienza en París, donde en 1899 se consumó una verdadera farsa jurídica. El Laudo Arbitral de París no fue un juicio, sino una complicidad entre potencias coloniales: sin la presencia de representantes venezolanos, Gran Bretaña y Estados Unidos se repartieron una tierra que históricamente pertenecía a la Capitanía General de Venezuela.
Para el gobierno bolivariano, se trató de la “legalidad” impuesta por el vencedor para normalizar el saqueo de sus propios recursos. Por este motivo, Venezuela siempre ha sostenido que aquel acto debe considerarse “nulo e írrito”, y que el referente del cual partir nuevamente se sitúa en el Acuerdo de Ginebra, estipulado en 1966.
Este tratado, depositado y reconocido por las Naciones Unidas, es considerado el único instrumento jurídico válido para resolver la controversia de manera justa, ya que admite formalmente la existencia de una contienda sobre el laudo fraudulento de 1899 y obliga a las partes a buscar una solución práctica y satisfactoria a través del diálogo político directo.
Sea cual sea la decisión final de los jueces de La Haya –reiteró por tanto el equipo diplomático liderado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez–, Venezuela no la reconocerá, puesto que la única brújula legítima sigue siendo el Acuerdo de Ginebra.
A pesar de este firme no reconocimiento de la jurisdicción de la Corte, el gobierno bolivariano optó por presentarse en La Haya con un doble propósito: ilustrar sus razones históricas, mostrando al mundo su doctrina soberana, y al mismo tiempo cementar la unidad nacional en torno a la defensa de la patria.
Y también para tranquilizar a aquellos sectores que, tras el 3 de enero, temen que la República pueda ser entregada al imperialismo con el regreso de las multinacionales. Son precisamente los colosos del capitalismo extractivista, como Chevron, los que han promovido demandas millonarias contra Venezuela ante el Ciadi y han perforado ilegalmente las aguas disputadas del Esequibo bajo la protección del gobierno títere de Guyana, soplando el fuego del tribunal internacional para asegurarse el monopolio de los recursos.
El gobierno bolivariano rechazó de plano la pretensión de Washington, denunciando los contornos del delirio de riesgo permanente que sufre el trumpismo, evidentemente afectado también por un grave problema con las matemáticas básicas. ¿Cuántos estados 51 tiene en mente la administración estadounidense? En cuestión de pocos meses, el puesto de honor en la bandera de barras y estrellas ha sido prometido a tres candidatos distintos.
Primero le tocó el turno a Canadá, despachado como un vecino del piso de arriba al que cambiarle la cerradura con el pretexto de la seguridad ártica; luego a Groenlandia, atrapada en la pinza de chantajes aduaneros contra Dinamarca para apoderarse de las tierras raras; y ahora, con un salto transcontinental, Venezuela. Añadir una estrella cada vez es fatigoso, mejor poner una sola con forma de velcro y desplazarla según hacia dónde apunte el dron del Pentágono…
Mientras el jefe del imperio confunde la geopolítica con un tablero de Monopolio o con la remodelación de un campo de golf en Mar-a-Lago, la oposición extremista venezolana se lanza a un baile de total y servil sumisión. Esta derecha transnacional, que pidió y aplaudió la incursión militar de principios de año y que hoy se mueve como un comité de negocios colonial, actúa como una quinta columna encargada de facilitar la agresión estadounidense en el continente.
Un camino ya allanado por una corona de gobiernos regionales subalternos que facilitaron la agresión del 3 de enero y renunciaron a su propia soberanía: desde República Dominicana hasta Ecuador, desde El Salvador hasta Guyana, precisamente cuando la región se acerca a citas electorales cruciales en Perú, en Colombia, y en octubre en Brasil.
El ejemplo más evidente de esta postura colonial tuvo lugar en las aulas de la Universidad de Harvard. Allí, la pasionaria del extremismo, María Corina Machado, ofreció una conferencia que movería a risa si no estuviera impregnada de una amenaza inminente. Con la postura de quien está dispuesta a destruir su propio país a cañonazos con tal de quedarse con las ruinas, expuso su peculiar visión económica: el Estado venezolano –según ella– ya no tiene fondos porque ha cometido el crimen imperdonable de gastarlos “para multiplicar las universidades públicas y gratuitas”.
El de las escuelas privadas es, de hecho, un lucrativo negocio que viene de lejos, al que la extrema derecha nunca se ha resignado a perder. Tal afirmación levanta aún más el velo sobre la verdadera agenda de la ultraderecha: privatización total, desmantelamiento del estado social y transformación de la educación en un privilegio para pocos, todo ello según los manuales del neoliberalismo más ortodoxo.
Mientras la oposición subasta el país en los foros estadounidenses, la administración Trump se mueve por raíles aparentemente contradictorios, alternando el garrote de la flota militar con la zanahoria de un pragmatismo mercantil de retorno. La gestión mediática del reciente encuentro al más alto nivel, que se celebró en La Habana entre el director de la CIA, John Ratcliffe, y los representantes de la inteligencia y la seguridad cubana, es prueba de ello.
Washington envía mensajes a través de canales subterráneos, ofreciendo aperturas económicas a cambio de “cambios fundamentales”, intentando resquebrajar el eje de la solidaridad continental en un momento en que la Casa Blanca trata de reafirmar el control absoluto sobre el comercio energético.
Ratcliffe se reunió con figuras destacadas del gobierno cubano para aclarar que “la ventana de oportunidad” no permanecerá abierta indefinidamente y que la isla ya no puede ser un espacio seguro “para actores hostiles a los Estados Unidos en el hemisferio”.
En el plano económico y material, la realidad muestra los efectos de la guerra cognitiva para sopesar y ocultar los daños provocados por el bloqueo a Cuba y por las “sanciones” a Venezuela. Los datos de Bloomberg describen un escenario emblemático: la semana pasada, Estados Unidos importó 588.000 barriles diarios de petróleo de Venezuela, el volumen más alto desde 2019. Al mismo tiempo, buques petroleros como el Olina y el Galaxy 3, probablemente con rumbo a Cuba y China, se vieron obligados a devolver el crudo cargado hace meses en puertos venezolanos, al ser abordados por fuerzas estadounidenses en los días posteriores a la incursión militar de enero.
Trump utiliza el crudo secuestrado para reafirmar el control sobre las ventas de la nación, enviando los barcos de vuelta a descargar a tierra, en un enredo de sanciones y necesidades de mercado que demuestra que el petróleo bolivariano sigue siendo el objeto del deseo y el verdadero motor del conflicto.
Dentro de este complejo entramado de agresiones ocultas y diplomacia de fachada se inscribe el “misterio” del material nuclear venezolano. El Departamento de Estado de EE. UU. ha pregonado como un hito clave para la seguridad global la retirada y destrucción de trece kilos de uranio enriquecido al veinte por ciento del reactor científico en desuso RV-1, una delicada operación realizada con apoyo del Reino Unito y del Organismo Internacional de Energía Atómica.
Cabe recordar que, según testimonios de supervivientes al bombardeo del 3 de enero, que causó la muerte de más de un centenar de personas entre militares y civiles (incluidos 43 cubanos); además de la CIA, participaron fuerzas británicas e israelíes. Asimismo, lo que la propaganda de Washington omite, y que testimonios ciertos y documentados sobre el terreno han confirmado, es el extremo peligro corrido por el país justo a principios de año.
Durante la operación militar del 3 de enero, uno de los drones de ataque lanzados por los Estados Unidos se estrelló precisamente en las cercanías de la central nuclear desactivada. Un impacto que rozó la catástrofe ambiental y que devela la hipocresía del imperialismo: primero se lanza una agresión armada que corre el riesgo de hacer volar por los aires un sitio sensible, y luego se presenta ante el mundo como salvador de la seguridad nuclear global por haber limpiado los residuos restantes.
Esta compleja retirada se materializó tras el alineamiento de los canales diplomáticos impuesto por el secuestro del presidente Maduro, demostrando cómo Washington considera el desarme científico y tecnológico del Sur; una condición obligatoria para imponer su propia idea de estabilidad.
Venezuela, empeñada en una retirada estratégica compleja y de resultados aún inciertos tras el trauma del secuestro del Presidente y la Primera Combatiente, intenta introducirse en los pliegues de estas contradicciones comerciales para exigir el fin del bloqueo económico. Sin embargo, el debate interno se ve contaminado por una sucesión de falsas noticias alimentadas por los laboratorios de guerra cognitiva, y por las recetas de los habituales economistas neoliberales que, desde las columnas de los medios de oposición, señalan al Fondo Monetario Internacional como la única vía de salvación.
Estos expertos coinciden en proponer un camino que los pueblos de América Latina conocen de sobra: el retorno a las condiciones draconianas del FMI. Se habla de una renegociación de la deuda externa que podría durar de dos a cinco años, y se sugiere el canje de deuda por activos, es decir, la venta de saldo de más de cuatrocientas empresas estatales, incluidas las industrias del aluminio de la Corporación Venezolana de Guayana, cementeras y empresas eléctricas.
Es el viejo plan de 1989, la misma receta que llevó al Caracazo, propuesta hoy bajo un nuevo ropaje técnico para atar de manos al presupuesto público e hipotecar los ingresos petroleros futuros. Sin un ancla multilateral, dicen estos técnicos, el país no tendría credibilidad, pasando por alto el hecho de que la entrada del FMI significaría el fin de la soberanía fiscal y la imposición de medidas de austeridad de sangre, sudor y lágrimas contra las clases populares.
Para desmentir los apetitos de los tecnócratas de la privatización llegó, sin embargo, la declaración oficial de la portavoz del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozack. En rueda de prensa, el FMI tuvo que admitir que las autoridades venezolanas no han solicitado ningún tipo de financiamiento al fondo multilateral. Aunque las relaciones formales se reiniciaron en abril bajo la administración de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, poniendo fin a siete años de suspensión, los contactos periódicos entre el Ministerio de Finanzas, el Banco Central y las misiones del FMI se limitan a un intercambio técnico de datos macroeconómicos, a los que el organismo no accedía desde hace más de dos décadas.
Venezuela solo busca recuperar la posesión de los fondos congelados por las “sanciones”, los cuales le corresponden legítimamente. El FMI permanece a la espera de conocer más detalles sobre la reestructuración de la deuda anunciada por Caracas, pero desprovisto de cualquier papel operativo o de programas de ajuste estructural. Un jarro de agua fría para la oposición que ya saboreaba la intervención económica de la república.
¿Cómo defenderse de este asedio que a la vez es militar, económico y psicológico? La respuesta – dice el gobierno bolivariano– reside en la denuncia de la manipulación y en el fortalecimiento de la conciencia crítica. Para la derecha – dijo el capitán Diosdado Cabello Durante el último programa “Con el mazo dando”– “la vida humana no es más que un algoritmo que empujar en las redes para desestabilizar al país”. Mientras los laboratorios transnacionales gastan miles de dólares en propaganda – añadió–, en Caracas se responde con formación e internacionalismo. En la Universidad Internacional de la Comunicación (Lauicom), regida por Tania Díaz, se reunieron delegaciones internacionales para asistir a los cursos de política y comunicación impartidos por el profesor Fernando Buen Abad.
Es aquí, en la construcción de un pensamiento crítico colectivo y en la solidaridad entre los pueblos, donde se busca desmantelar la guerra cognitiva, se intenta curar las heridas, se afrontan contradicciones y debilidades, y se prepara la contraofensiva.
