En Caracas fuimos testigos de la sesión donde la «Ley de Amnistía y Convivencia Democrática» dio sus primeros pasos; aprobada en primera discusión y lista para un segundo debate en el Parlamento el jueves 12. Mientras tanto, se llevan a cabo consultas y debates para discutirla en todo el país. Para escuchar la lectura del texto propuesto por el presidente de la Comisión Especial, Jorge Arreaza, estaban presentes todos los partidos del espectro institucional, tanto de gobierno como de oposición. Entre las diversas intervenciones de los diputados de la derecha, destacó la de Tomás Guanipa, elegido por el partido Unión y Cambio, que hace vida en la alianza Libertad.
Un grupo en el que aparecen varios rostros conocidos de la derecha incendiaria, como Henrique Capriles o Stalin González, este último pasó de ser uno de los líderes estudiantiles más aguerridos contra Chávez, a convertirse en uno de los principales rostros de la oposición «negociadora» e institucional. Un cuadro emblemático de las transformaciones internas de la oposición venezolana, en apariencia distante de quienes provocaron la invasión armada de su propio país, pero siempre tentada por la doble vía.
Guanipa, en su intervención reconoció la importancia del momento, calificando la ley de amnistía como una “necesidad histórica para vaciar las cárceles de la política” y llegar a una “democracia plena”; es decir, a la cancelación de la democracia participativa y protagónica consagrada en la Constitución Bolivariana de 1999, y al restablecimiento de la democracia representativa: “siguiendo las orientaciones de Washington”, diría luego otro portavoz de la oposición durante una rueda de prensa al final de la noche, en un lapsus detectado de inmediato por una periodista; aunque mitigado por él.
Guanipa, por su parte, recordó los “sufrimientos de los familiares”, en referencia a su situación personal, por tener a su hermano, Pedro, bajo arresto domiciliario por malversación de fondos públicos, y otro que, en el momento de su discurso en el Parlamento, se encontraba arrestado por organización de bandas armadas: Juan Pablo Guanipa, estrecho colaborador de María Corina Machado.
Como anunció el presidente del Parlamento Jorge Rodríguez, en las siguientes 48 horas la medida de clemencia en aras de la “reconciliación nacional” llevó a la excarcelación de muchos privados de libertad, entre ellos decenas de políticos arrestados bajo cargos graves; incluido, precisamente, Juan Pablo Guanipa, detenido hace 9 meses con chaleco antibalas y pose belicosa durante las violencias poselectorales del año pasado.
Las mismas poses adoptó apenas puso un pie fuera de la cárcel, cuando subió a una moto del “movimiento” para ir a soliviantar a los familiares de los detenidos que esperaban las liberaciones frente a los centros penitenciarios, volviendo a desafiar a las instituciones.
Ahora se encuentra bajo arresto domiciliario a la espera de que su posición, al igual que la de otros excarcelados, pase por el tamiz de la ley de amnistía, que prevé el cumplimiento de ciertos parámetros. Para tener una comparación con Europa: el exguerrillero francés Jean-Marc Rouillan, que había obtenido medidas alternativas tras muchos años de prisión, fue devuelto a la cárcel por responder a las preguntas de un periodista. Al ex brigadista italiano Bruno Seghetti, en semilibertad tras más de veinte años de cárcel especial, se le revocó la medida por asistir al funeral de un viejo amigo, desviándose del trayecto trazado por los jueces.
La propuesta del gobierno bolivariano cubre un arco temporal muy amplio, desde el 1 de enero de 1999 hasta el 30 de enero de 2026, incluyendo los nudos críticos de la historia reciente: desde el golpe de 2002 hasta la violencia poselectoral de julio de 2024. Sin embargo, es una clemencia dotada de una precisión quirúrgica. El artículo 7 excluye taxativamente: violaciones graves de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad; homicidio intencional; corrupción y narcotráfico.
No es la primera vez que los gobiernos chavistas recurren a medidas de clemencia en forma de amnistía e indulto. Lo hizo Chávez y luego Maduro, quien ya estaba incubando este nuevo proceso de reconciliación nacional: “una ley preparada hace tiempo”, declaró el diputado Guanipa a los periodistas.
Es la afirmación de un Estado de derecho que, aun bajo el inédito chantaje en curso —debido al secuestro del presidente y de la Primera Combatiente—, distingue entre el disenso político y la barbarie criminal (de quienes, por ejemplo, quemaron vivo al joven Figuera o destrozaron el corazón de una anciana chavista a golpes de punzón), e intenta sanar las heridas del cuerpo social, pero sin transformarse en un territorio sin ley.
Una tarea ardua para quienes actúan con una pistola en la sien: apuntada desde el exterior por un “policia global” posicionado fuera y contra cualquier norma del derecho, y desde el interior por sus seguidores, que nunca han reconocido las reglas democráticas y que incluso ahora apuestan por una “revolución de colores”.
Tras la detención del exaltado Juan Pablo Guanipa, la extrema derecha habló de inmediato de “secuestro”, siguiendo el guion habitual, replicado al instante desde Washington por Machado. Por el contrario, con una inversión semántica en boga también en nuestros medios, el secuestro del presidente se describe como “arresto o captura”: dando a entender que la agresión de la principal potencia mundial es un acto de justicia debida contra un “narco buscado”.
“Hay un país real que produce en paz y seguridad, y uno inventado por quienes, cada día, hablan de traiciones, desapariciones y nos dan por acabados, vendidos o en fuga”, dijo irónicamente el vicepresidente ejecutivo, Diosdado Cabello, durante la rueda de prensa semanal del PSUV, mostrando noticias falsas sobre él construidas con Inteligencia Artificial.
La mayoría de los venezolanos y venezolanas, de hecho, no parecen tentados por nuevos escenarios de violencia; siguen traumatizados por una herida inédita que intentan elaborar colectivizando el dolor de las víctimas del bombardeo del 3 de enero con relatos, teatro callejero y poesía. Y, sobre todo, con marchas y encuentros públicos que acompañan las decisiones del gobierno. Los de la Comisión de Paz y Reconciliación están involucrando a todos los sectores, con apoyo de los jueces de paz de los territorios.
La ley se discute y «valida» mediante un proceso consultivo de masas. No es una decisión de arriba hacia abajo, sino otra «construcción heroica» (parafraseando a Mariátegui) que pasa por las asambleas populares y busca oponer una interpretación distinta a la “guerra cognitiva” desatada por los medios hegemónicos: mostrar la naturaleza no violenta y participativa del socialismo bolivariano que no pide venganza, sino un reencuentro colectivo para afrontar el dolor.
En un momento en que el imperialismo intenta «balcanizar» el país y su identidad, la respuesta de Caracas es la ampliación de la participación democrática mediante el consenso al poder político y la unidad nacional. Por ello, tras la conferencia internacional de obreros, estudiantes y artistas; se celebró la de las mujeres, quienes lanzaron la “Brigada de Solidaridad Internacional Cilia Flores”, dando visibilidad a la larga militancia de la diputada secuestrada, jurista y parlamentaria, promotora de leyes a favor de los derechos de la mujer y de los desposeídos.
Nuevos ataques militares —al país o al continente, empezando por Cuba—, asesinatos selectivos o asaltos de mercenarios tentados por la cuantiosa recompensa sobre la cabeza de los dirigentes bolivarianos, están lejos de ser descartables. Tener que pasar por una puerta tan estrecha, hacerse valer sin poder gritar, defender los principios sin provocar en exceso al secuestrador, no es tarea fácil: menos aún ante poderosas “bombas cognitivas” lanzadas para confundir, mientras crece la indignación internacional por el secuestro del presidente.
El secuestro del presidente en ejercicio de un país pacífico no tiene precedentes, y marca un punto de ruptura en las normas internacionales. No hay casos análogos. Ni siquiera el de Manuel Noriega, el más citado por el pretexto del “narcotráfico”, es pertinente: Noriega se rindió tras un asedio psicológico en la embajada vaticana en 1990. El secuestro “diplomático-militar” de Jean-Bertrand Aristide en Haití (2004) también tuvo otra dinámica; EE. UU. sostuvo que pidió protección, pero Aristide denunció haber sido víctima de un “secuestro disfrazado”.
El secuestro de Saddam Hussein en Irak, ocurrió en un contexto de insurgencia tras la caída de su gobierno. Hussein era un líder en la clandestinidad cuando fue capturado en 2003. Más atrás, el de Mohammad Mossadegh en Irán, a quien mantuvieron bajo arresto domiciliario hasta su muerte tras la operación Ajax, －el golpe de Estado de 1953－. El caso de Maduro se distingue por ser un acto de invasión parcial, potente y fulmínea contra un presidente con pleno control territorial y militar, un evento sin precedentes en el siglo XXI.
Este caso se inscribe en la larga estela de agresiones externas basadas en la “diplomacia de la distracción” o el efecto “wag the dog” (cortina de humo): lanzar bombas para desviar la atención de escándalos internos. Entre el 16 y el 19 de diciembre de 1998, los bombardeos realizados por Estados Unidos y Reino Unido en Irak (y en Sudán la fábrica farmacéutica Al-Shifa) justo cuando Clinton enfrentaba el juicio político por el caso Lewinsky. Antes, en 1983, Ronald Reagan, para relanzar su imagen, invadió Grenada; dos días después de la muerte de 241 marines en Beirut. George W. Bush aceleró la guerra de Irak bajo la presión del escándalo Enron, y Richard Nixon bombardeó Hanoi en 1972 (Operación Linebacker II) mientras el Watergate corroía su presidencia.
La agresión actual sigue este esquema: con una administración asediada por encuestas e inestabilidad (perdiendo incluso Texas), Trump usa al “enemigo externo” para distraer de sus fallos y del horror del escándalo Epstein.
En este delirio global, hablar de “perdón” provoca rechazo en algunos sectores. Pero no solo los chavistas tenían los ojos húmedos al escuchar el testimonio de Jorge Rodríguez al final de la sesión, al escuchar la voz del hijo de “una víctima de la IV República”: el hijo de Jorge Antonio Rodríguez, líder estudiantil, guerrillero y fundador de la Liga Socialista, partido de Nicolás Maduro.
Jorge Antonio Rodríguez fue torturado y asesinado en las cárceles del gobierno “adeco” de Carlos Andrés Pérez en 1976. Jorge y su hermana Delcy, entonces niños, acompañaron a su madre en las angustiosas peregrinaciones por las sedes policiales, enfrentando el cinismo de los funcionarios que ocultaban la verdad mientras el padre era martirizado. Sufrieron violentos allanamientos en su hogar y luego el dolor de la madre cuando intentaron imponer la mentira de que ese hombre, joven y vigoroso, había muerto de un infarto. Una mentira descubierta por casualidad años después, cuando un médico forense confesó haber redactado, por miedo, un informe falso.
Ver al hijo de una víctima del terrorismo de Estado —que vio el cuerpo destrozado de su padre pero se niega a repetir ese odio— hacerse promotor de una ley de amnistía, es el signo de una ruptura definitiva con la lógica de la venganza. Rodríguez no buscó revancha personal, sino la vía de la convivencia para salvar la nación: la vía de una paz basada en la justicia social, pero no en el olvido.
