Si la historia es maestra de vida, la historia como lucha de clases es la única maestra verdadera de las revoluciones. No existe avance que no prevea un retroceso, ni victoria que no haya sido precedida por una corrección de rumbo, explicaba ya Marx en El 18 Brumario, recordando que las revoluciones proletarias se critican continuamente; regresan sobre lo que parecía cumplido para comenzarlo de nuevo. Esta es la dialéctica de la derrota: el movimiento que vuelve sobre sus pasos porque la caída ha revelado que la base no era, aún, lo suficientemente sólida.
La derrota no es el acto final, sino una “estasis mesiánica”, －según Walter Benjamin－ una fase necesaria de repliegue en la que el movimiento revolucionario se ve obligado a mirar de frente la cruda realidad de las relaciones de fuerza.
Y si Benjamin nos invita a “cepillar la historia a contrapelo”, transformando la memoria de los vencidos en energía explosiva, Antonio Gramsci nos enseña que de la derrota nace la necesidad de la hegemonía y de la teoría superior. Rosa Luxemburgo nos recuerda que, la revolución mañana se erguirá de nuevo: “¡fui, soy, seré!”. Frantz Fanon nos explica que la derrota del reformismo es el parto de la necesidad de la lucha radical. Y Lenin, quien dirigió la revolución bolchevique en los momentos difíciles y cruciales de la Nueva Política Económica (NEP) y del Tratado de Brest-Litovsk, nos enseña que el balance de las propias fuerzas y de los errores no es un acto de debilidad, sino la precondición para un salto cualitativo posterior. Y luego, Fidel, quien supo transformar cada derrota en victoria…
En la revolución bolivariana, después del secuestro de Nicolás y Cilia, el desafío no se juega en las hojas de cálculo de Washington, sino en la capacidad de hacerse fénix. Y hay cosas que se deben hacer en silencio, escribía José Martí. Este silencio no es ausencia de lucha, sino protección táctica de un objetivo superior. El capital busca siempre reducir la política a pura administración contable. Las leyes económicas promulgadas para gestionar la emergencia, aun prestándose a críticas dada su flexibilidad, no son una rendición, sino que deben entenderse como los muros de una trinchera que estamos invitados a reforzar.
Tras la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, el campo de batalla ha sido delimitado con precisión quirúrgica: no puede haber una discusión electoral seria mientras no se levanten las “sanciones”. Este es el verdadero pulso institucional. El regreso de la representación de Venezuela ante el Fondo Monetario Internacional, tras siete años de exclusión, marca un punto de inflexión geopolítico.
Ser expulsados de los circuitos del Fondo en 2019 significó la imposibilidad de acceder a los Derechos Especiales de Giro (DEG), activos de reserva que corresponden a cada Estado miembro, que ascienden a unos 5.000 millones de dólares. Este congelamiento fue una sanción política que privó al Estado de liquidez inmediata para la defensa del salario y de la producción nacional.
Estar desconectados del sistema SWIFT significó que los bancos venezolanos ya no podían enviar ni recibir mensajes seguros para transacciones internacionales, alimentando artificialmente la escasez de bienes y obligando al Estado a operar en una clandestinidad financiera forzada. Es lo que ocurre en Cuba, sometida a un bloqueo que se recrudece adecuándose al desarrollo del sistema capitalista.
La reanudación de las relaciones con el Banco Mundial puede cambiar las perspectivas, permitiendo negociar préstamos a tasas preferenciales para la reconstrucción de los sectores golpeados por años de sabotaje. Esta normalización desmonta el castillo de naipes de la presidencia paralela y reconoce que el único interlocutor real es el Gobierno Bolivariano.
No obstante, la emisión de las licencias 56 y 57 por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los EE. UU. sigue siendo un instrumento de flexibilidad condicionada y reversible: una concesión parcial que busca facilitar las inversiones occidentales, manteniendo el control del Tesoro estadounidense sobre los recursos soberanos venezolanos.
En este contexto, el papel del sindicalismo de clase es fundamental para no perder el alma del proceso. Carlos López y la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras (CBST) aclaran que la clase obrera no acepta una normalización a costa de los trabajadores. La propuesta de una fórmula del salario que ancle el poder adquisitivo a la producción y a la riqueza real del país es la respuesta obrera a la crisis. La recuperación económica debe traducirse en una redistribución que proteja el trabajo. El pragmatismo de la Nueva Política Económica (NEP) bolivariana debe servir para reactivar el aparato productivo sin borrar los derechos conquistados.
¿Un desafío ya ganado? En absoluto. Pero, para empezar, no hay un regreso al FMI porque Chávez nunca completó la salida formal; lo que hay es la recuperación diplomática de un derecho soberano sobre 5.000 millones de dólares que pertenecen al pueblo y que no se utilizarán para recetas neoliberales ni deudas tóxicas.
Quien evoca el Caracazo miente, sabiendo que miente: el Caracazo fue una revuelta popular hija del paquete de Carlos Andrés Pérez, mientras que hoy estamos ante la defensa extrema de una dignidad que el enemigo querría canjear por licencias a término.
El regreso anunciado por Rodríguez no es una sumisión, sino un primer paso hacia la superación de un asedio que implica también ganar tiempo. Significa haber roto el bloqueo que, durante la pandemia, negó al pueblo venezolano el acceso a fondos de emergencia para vacunas y medicinas. Es el reconocimiento, obtorto collo (con el cuello torcido)－de mala gana, a regañadientes－, por parte de las instituciones de Bretton Woods, al Gobierno Bolivariano como único interlocutor legítimo.
En el plano económico, la cuestión es, no obstante, compleja y no exenta de trampas que conviene tener presentes. El nodo central del debate reside en la insostenibilidad de la deuda externa venezolana, que representa hoy el 309% del Producto Interno Bruto (PIB), una de las proporciones más altas a nivel global. ¿Puede el solo alivio de las sanciones resolver una distorsión estructural de tal magnitud?
Las dudas se articulan en tres niveles críticos. En primer lugar, el riesgo de la renegociación subordinada: la ultraizquierda teme que la reapertura de canales con el FMI no sea una victoria diplomática, sino el inicio de una renegociación de la deuda que acepte los tiempos y modalidades dictados por el capital internacional.
El temor es que, para “estabilizar” la economía y satisfacer a los acreedores, se termine sacrificando el gasto social en favor del servicio de la deuda. Dondequiera que impera el FMI, esta es la receta. ¿Puede ser distinto? La crítica desde la izquierda sugiere que este proceso de “adecuación tecnológica” es en realidad una forma de realinear forzosamente la economía venezolana a los paradigmas de la finanzas digitales globales, perdiendo esa autonomía que el país había intentado construir durante los años del bloqueo más duro. Estudiosos y analistas advierten, además, que el reingreso al sistema financiero internacional (SWIFT, bancos corresponsales) requerirá tiempo e inversiones masivas en tecnología.
Está, además, el fantasma del condicionamiento: a pesar de que la presidenta encargada declare que los 5.100 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG) son “recursos propios” sin condiciones, la izquierda crítica teme que el acceso a futuros “créditos de emergencia” o “programas de facilidad ampliada” (mencionados por economistas liberales) traiga consigo la asistencia técnica del FMI: un caballo de Troya para imponer políticas de austeridad.
El debate, en fin, se divide entre quienes ven en este movimiento un soplo de aire fresco y quienes ven un peligro inminente. Economistas como Óscar Doval, ex CEO del banco privado Banesco, ven positivamente el reingreso, sosteniendo que los DEG deben usarse para estabilizar el tipo de cambio y frenar la inflación, mejorando así el poder adquisitivo. La idea —que prescinde de la voracidad patronal— es que una moneda estable atraiga inversiones extranjeras y permita finalmente aumentos salariales sostenibles.
Para los sectores más radicales, el hecho de que un hombre como Doval —quien ve en la NEP bolivariana una oportunidad de negocios y de estabilización capitalista, y que se posiciona como puente pragmático entre el chavismo y los privados— apruebe los movimientos de Rodríguez, es la confirmación de que el gobierno se está desplazando hacia posiciones demasiado favorables al capital privado y lejos del alma popular de la revolución. ¿Puede la retirada estratégica transformarse en una restauración liberal?
Las opiniones entusiastas hacia la “reapertura de canales globales” —no solo al FMI, sino también al Banco Mundial, a la banca privada internacional y a otros organismos (CAF, BID)— por parte de economistas como Leonardo Buniak suenan como campanas de alarma. Si Óscar Doval representa el pragmatismo del banquero local que quiere hacer girar la economía, Buniak representa el ojo del supervisor financiero global. Es la voz que dice: si quieren volver al mundo, deben aceptar las reglas y los controles de los organismos internacionales.
Su visión de un programa de facilidad ampliada con el FMI es lo que los revolucionarios llaman venta de la soberanía. Es el hombre que ve en Venezuela una balanza de pagos por equilibrar, mientras el proceso bolivariano ve a un pueblo por rescatar. Es la personificación del riesgo de que la normalización técnica traiga consigo el regreso de los viejos dueños de la deuda.
En la discusión en los medios internacionales interviene también Tomás Martínez, un analista que se mueve en el campo de las negociaciones globales. Su perfil no es el del banquero de inversión, sino el del técnico que mira la estructura: se ocupa de cómo los países en desarrollo pueden (o no) reinsertarse en las dinámicas de la globalización tras periodos de aislamiento. En este caso, representa el alma capitalista más académica y cauta en el debate: invita a la prudencia, subrayando que el retorno efectivo de capitales dependerá de la implementación de las licencias OFAC y de la capacidad de Venezuela para actualizar sus plataformas financieras, aisladas desde 2019.
Para Martínez, teórico de la complejidad, el reingreso al FMI no es un interruptor que se enciende, sino un proceso largo e incierto. Basándose en el realismo institucional, recuerda que hay una soberanía tecnológica y de negociación que no se recupera en pocas horas. Y a su manera termina advirtiendo e invitando a la cautela, avalando así las preocupaciones de quienes ven acercarse el espectro del neoliberalismo.
Hay quienes temen la llegada de la “motosierra argentina” modelo venezolano, y quienes recuerdan la elección de Maduro, cuando él denunció desde Miraflores que el representante de la oligarquía, derrotado por un estrecho margen de votos, lo había llamado para proponerle repartirse el poder, so pena de desatar la violencia: cosa que ocurrió tras el rechazo del presidente obrero. ¿Se volverá a una versión soft del capitalismo adeco, o europeo?, se preguntan algunos.
Para complicar el cuadro geopolítico y alimentar las sospechas de la parte más crítica, está el nombramiento de John M. Barrett como nuevo encargado de negocios de los EE. UU. en Caracas. Barrett no es solo un diplomático experimentado (con pasado en Panamá, Guatemala y Brasil), sino que posee un MBA de la Wharton School y un pasado en multinacionales como PepsiCo y Disney. Su gestión se anuncia enfocada en la diplomacia económica y en la estabilización de los flujos energéticos.
Para los críticos de izquierda, el envío de un diplomático con este perfil “corporativo” confirma que el interés de Washington es supervisar una transición económica que garantice los intereses de sus propias multinacionales en el sector minero y petrolero, utilizando al FMI como instrumento de monitoreo.
En definitiva, el problema no es solo el acceso a los fondos, sino a qué precio político y social Venezuela está renegociando su lugar en el sistema mundo, en medio de una transición aún incierta. Y con una pistola en la sien, teniendo a los dos máximos dirigentes como rehenes del imperialismo.
