En Sesión ordinaria celebrada este miércoles, la Asamblea Nacional (AN) dio inicio al proceso de sustitución de las máximas autoridades del Poder Ciudadano, luego de recibir las comunicaciones de renuncia presentadas por Tarek William Saab al cargo de fiscal general de la República y por Alfredo Ruiz Angulo como defensor del pueblo.
Los documentos fueron dirigidos al presidente del Parlamento, diputado Jorge Rodríguez Gómez, quien los consignó ante el pleno para dar cumplimiento a lo establecido en el orden del día. En este sentido, y en apego al artículo 279 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, la junta directiva del Legislativo acordó incluir la conformación del Comité de Evaluación de Postulaciones, instancia que tendrá la responsabilidad de coordinar el proceso de selección de los nuevos titulares.
Como primera medida para garantizar la continuidad administrativa del Ministerio Público, la Asamblea Nacional designó de forma inmediata a Larry Devoe como Fiscal General Encargado. Devoe, abogado de profesión y con una destacada trayectoria en el ámbito nacional e internacional, se desempeñaba hasta la fecha como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos.
De acuerdo con lo informado por el Parlamento, Devoe permanecerá al frente del despacho fiscal de manera provisional mientras se completa el procedimiento constitucional y legal para la designación del nuevo fiscal general titular.
Dicho procedimiento contempla las siguientes fases: la conformación y activación del Comité de Postulaciones, la recepción y evaluación de los recaudos de los aspirantes, la selección de una terna de candidatos y, finalmente, la elección por parte del pleno de la Asamblea Nacional, que requerirá una mayoría calificada equivalente a las dos terceras partes de los diputados y diputadas.
El mismo mecanismo será aplicado para cubrir la vacante dejada por Alfredo Ruiz Angulo en la Defensoría del Pueblo, cuyo proceso de selección se llevará a cabo de manera paralela, en estricto apego a las normas que rigen al Poder Ciudadano.
La Asamblea Nacional reafirma su compromiso con el cumplimiento de los preceptos constitucionales y la institucionalidad democrática, garantizando la transparencia y legalidad en la designación de las altas autoridades del Estado.
