En una intervención urgente ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Samuel Moncada, condenó enérgicamente las acciones militares de los Estados Unidos y exigió la inmediata liberación y retorno seguro del Presidente Constitucional Nicolás Maduro y de la Primera Dama, Cilia Flores.
La reunión fue convocada para discutir la grave situación internacional generada a partir del sábado 3 de enero, tras la intervención armada estadounidense contra territorio venezolano.
Exigencia de Cumplimiento del Mandato de la Carta de la ONU
El Embajador Moncada instó al Consejo de Seguridad a asumir plenamente su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, actuando conforme al mandato que le confiere la Carta de las Naciones Unidas. Denunció que las acciones de los Estados Unidos representan una amenaza directa contra la paz, la seguridad internacional, y constituyen una violación flagrante del derecho internacional.
Condena del Ataque Armado y Secuestro
Moncada calificó el 3 de enero como “una fecha de gravedad histórica para Venezuela y el derecho internacional”. Detalló que la nación fue objeto de un “ataque armado e ilegítimo carente de toda justificación jurídica”, que incluyó:
· Bombardeos sobre territorio nacional.
· La pérdida de vidas civiles y militares.
· La destrucción de infraestructura.
· El secuestro del Presidente Constitucional Nicolás Maduro y de la Primera Dama Cilia Flores.
Requisitos Específicos al Consejo de Seguridad
Frente a esta agresión, el representante venezolano formuló las siguientes exigencias claras al Consejo de Seguridad:
1. Exigir al Gobierno de los Estados Unidos el respeto pleno de las inmunidades del Jefe de Estado y de la Primera Dama, su liberación inmediata y su retorno seguro a Venezuela.
2. Condenar de manera clara e inequívoca el uso de la fuerza contra la República Bolivariana de Venezuela.
3. Reafirmar el principio de no adquisición de territorio o recursos mediante la fuerza.
4. Adoptar medidas pertinentes orientadas a la desescalada del conflicto, la protección de la población civil y el restablecimiento del derecho internacional.










