El Observatorio Nacional de Medidas Coercitivas Unilaterales en Venezuela, explicó cómo funciona la «asignación histórica» proporcionada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) «para reactivar la economía mundial» el 2 de agosto. Una asignación de 456.000 millones de Derechos Especiales de Giro (DSP), la moneda del FMI, por valor de 650.000 millones de dólares, con el fin de apoyar la liquidez global y «ayudar a la recuperación económica global» tras el impacto provocado por la pandemia.
Se trata de la mayor cantidad de recursos que el FMI ha inyectado a la economía mundial desde su fundación: casi tres veces la cantidad de recursos aprobados por el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008-2009. La decisión agrava las desigualdades económicas estructurales ya denunciadas con respecto a las vacunas, ya que la distribución de recursos favorece a los países que más dinero tienen, y por tanto aportan más como «accionistas» del FMI. Veinte países, de los 190 que integran el FMI, recibirán $ 468.780 millones. Solo hay dos de América Latina y el Caribe (México y Brasil) y ninguno de África.
Bajo este sistema de cuotas, se suponía que Venezuela recibiría más de $ 5 mil millones en fondos aprobados a través de la emisión de DSP. Sin embargo, Estados Unidos ejerció su veto como principal accionista del FMI, impidiendo que el Consejo entregara los recursos que legítimamente le corresponden a Venezuela.
El FMI ha justificado su rotunda violación del mandato de la ONU, diciendo que «no sabe» quién es el presidente de Venezuela. El gobierno bolivariano ha denunciado ante la Corte Penal Internacional las reiteradas violaciones a los derechos humanos constituidas por las ilegales medidas coercitivas unilaterales que han afectado a toda la sociedad.
Las «sanciones», subrayaron varios expertos independientes de la ONU, violan el derecho al desarrollo de los pueblos que las padecen y han llevado al gobierno venezolano a detener o suspender algunos los programas previstos para los Objetivos de Desarrollo Sostenible; incluidos proyectos agrícolas y de protección ambiental.
El Segundo Reencuentro con la Madre Tierra, que culminó en Caracas, recordó cómo las «sanciones» también han afectado los derechos de la naturaleza, consagrados en el artículo 127 de la Constitución Bolivariana. Y esto en un momento en el que el continente latinoamericano está expuesto a los devastadores efectos del cambio climático, con su alternancia de inundaciones y sequías.
Ecosocialismo es el Quinto Objetivo del Plan de la Patria 2019-2025, concebido por Chávez y reafirmado por Maduro, que ha relanzado «las tres erres» —reducir, reutilizar, reciclar— como política de Estado, y esto se ha vuelto aún más necesario frente al bloqueo económico. En un país que tiene 2.700 Km. de costa, 43 parques nacionales, bosques y una gran variedad de animales raros o únicos; proteger el medio ambiente significa preservar la vida y la economía de poblaciones enteras, especialmente las indígenas.
La naturaleza —dice el ecosocialismo— es una de las formas más efectivas de combatir el cambio climático y su protección debe ser una parte esencial de todos los planes para reducir el calentamiento global; ya que confiando en la naturaleza es cómo las emisiones de gases de efecto invernadero se pueden reducir hasta en un tercio, como debe hacerse en todo el mundo para 2030: sin ocultar, sin embargo, la asimetría existente en un mundo globalizado; donde domina la procura de ganancia de los grandes grupos multinacionales.
En un sistema similar, la protección del medio ambiente también tiene un alto costo, gestionado y determinado por los intereses económicos y políticos de los Estados que controlan los bolsillos de los Estados del sur … Esto se puede ver en el mercado de emisiones y «compensaciones» que es escenificado en las grandes cumbres, y al que los países del ALBA, a los que se dirigieron las conclusiones del Segundo Reencuentro con la Madre Tierra, oponen el camino del ecosocialismo.
A su servicio, el sistema capitalista tiene una próspera industria de la desinformación impulsada por una plétora de laboratorios de ideas, ONG y fundaciones fuertemente financiadas; cuyos datos proporcionan el pretexto para imponer las “sanciones”.
Esta información distorsionada también sirve para alienar las simpatías de aquellas áreas de la izquierda blanda que, en EE. UU. o Europa, leen el mundo a través del lente monolítico de la «crítica del modelo extractivista». Un lente que, al plantear la cuestión ambiental, elude la necesidad de «cambiar el sistema para cambiar el clima», como gritó Chávez, junto a los movimientos populares.
Tras la autoproclamación de Guaidó y la implementación artificial de sus representaciones en el extranjero, los títeres estadounidenses han elaborado varios informes tarifados. Uno de ellos se autoproclama Informe Anual del Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y se titula pomposamente: «Venezuela, Situación de DDHH en un Estado fallido». Su lógica es siempre la misma: presentar las consecuencias de las medidas coercitivas unilaterales, inmorales e ilegales, que ellos mismos han pedido y están pidiendo a sus titiriteros, como errores y fallas del gobierno bolivariano.
Sus fuentes, presentadas como «independientes», se refieren a estructuras fuertemente financiadas por agencias estadounidenses y similares. Sus «expertos» dependen de organizaciones privadas y universidades abiertamente alineadas contra el gobierno bolivariano y contra todos los proyectos pro-pueblo, en los que ven una limitación de sus privilegios. «Sus» pueblos indígenas son los que logran manipular y corromper, para luego presentarlos como defensores de la naturaleza en las grandes instituciones internacionales.
El objetivo de la pandilla aquí, es también de interés material: desviar fondos destinados al pueblo venezolano y utilizarlos para fines personales o desestabilizadores, presentando proyectos «alternativos e independientes», incluso en el terreno medioambiental.
Así que hay un artículo al respecto, que utiliza los mismos «expertos» que el «autoproclamado» informe sobre derechos humanos. Recita triunfante: «2021 comienza con una celebración a la que Venezuela no está invitada, la Década de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible, (2021-2030)». Como si dijera: la defensa de los peces y los océanos debe confiarse sólo a los tiburones.
