Nuevos datos confirman que tras la “operación Guaidó” se encuentran intereses de la burguesía comercial-importadora bajo la tutela de sus asesores y operadores financieros
Por Víctor Hugo Majano
Las revelaciones sobre la existencia de un grupo de «consultoría» que bajo el nombre código «Cocoon 2.0» y conformado por empresarios y asesores privados, discutía acciones de ofensiva financiera y política contra Venezuela, junto a Juan Guaidó y Leopoldo López, confirma que tras la conspiración se encuentran sectores muy definidos de la burguesía comercial e importadora.
Los datos ofrecidos el jueves por el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, se suman a toda una serie de informaciones que permiten entender que la autoproclamación es un proyecto corporativo donde destaca como conductor el académico de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausmann.
En el caso concreto expuesto con los datos del teléfono y la confesión de Roberto Marrero (asistente de Juan Guaidó) un total de 24 hombres y una sola mujer (siempre en los “colectivos” opositores las mujeres son muy pocas o no están) analizaban la posibilidad de bloquear los pagos con tarjetas de crédito y débito, la confiscación de Citgo y cambios en la fuerza armada.
En el grupo interactuaban 15 asesores privados o empresarios y solo 10 políticos “profesionales”, incluidos Leopoldo López (administrador del grupo), Juan Guaidó y el dueño del teléfono y delator, Roberto Marrero.
Por la parte empresarial (además de Hausmann) figuran muy activos el joven economista Douglas Barrios (egresado de la corporativa Universidad Metropolitana), y el abogado José Ignacio Hernández, el designado “procurador especial”, quienes forman parte del equipo de Hausmann en el centro para el desarrollo internacional en la escuela de gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard.
Asimismo en el debate intervienen el abogado del prestigioso bufete corporativo D´Empaire, Victorino Márquez, quien es uno de los siete jóvenes de la burguesía caraqueña que fundaron el núcleo originario del partido Primero Justicia en 1998. Mientras que también lo hace el empresario Octavio Lara Fernández, allegado a banqueros involucrados en la crisis de 2009 como Guillermo Zuloaga (Banco Federal) y Arturo Siso Sosa (Banco Real).
Sin embargo, el elemento que permite establecer con mayor nitidez la vinculación de un sector empresarial con la conspiración a lo largo de una década (al menos) es el llamado Plan País, adoptado oficialmente por Juan Guaidó como programa de gobierno a finales de enero.
En realidad el Plan País no es nuevo pues su creación formal se remonta a marzo-abril de 2011 durante una conferencia en la Universidad de Yale en el estado de Connecticut adonde acudieron estudiantes venezolanos de casas de estudio como la Universidad de Georgetown, de Boston, Nueva York, Tufts, Internacional de Miami, Northwestern, entre otras.
Todas son universidades auspiciadas por corporaciones privadas, con matrículas que promedian los 50 mil dólares al año, por lo que se comprenderán que sus alumnos son parte de una verdadera élite que ni remotamente se podrían comparar con quienes estudian en las más costosas universidades venezolanas.
Entre los estudiantes organizadores de las primeras conferencias estaban Agustín Paniagua, Ilan Szekely Levy, Nelson Ortiz y Joanna Hausmann Jatar, ésta última hija de Ricardo Hausmann, y que desde 2009 venía planteando la formación de una organización que agrupara a esa élite gerencial, descendiente directa de grupos familiares empresariales. Mientras que participaron como conferencistas Ricardo Hausmann, Nelson Ortiz, Ana Julia Jatar, Ramón Espinasa y Luis Pedro España, entre otros.
Plan País es una especie de “think tank” (centro de producción de conocimiento) y de laboratorio de propaganda que fue registrado como una corporación sin fines de lucro en el estado de Connecticut en noviembre de 2011 y cuyos directivos fundadores son Juan Pío Hernández, Agustín Paniagua, Ilan Szekely, Nelson Ortiz y Carlos Ruiz. Siguen siendo sus actuales gerentes.
Son egresados de Georgetown o Yale con trabajos en compañías de banca privada o asesoría económica en las áreas de Washington, Nueva York o Boston, y sus clientes son inversores especulativos, fondos buitres y grupos de negocios orientados a Latinoamérica.
En las siguientes conferencias (que se realizan anualmente en el primer trimestre) se fue definiendo el perfil neoliberal del proyecto con una presencia más abierta del equipo de Hausmann como Miguel Ángel Santos, José Manuel Puente o Rodrigo Diamanti (detenido en las “guarimbas” de 2014).
Así como continuó la participación en el tema petrolero de Ramón Espinasa (execonomista jefe de PDVSA fallecido recientemente), Francisco Monaldi (IESA-Kennedy School-Baker Institute) y de Luisa Palacios, “designada” por Guaidó como especie de CEO de CITGO
También a partir de 2015 la conferencia fortaleció su aspecto propagandístico con la incorporación de “voceros” y “predicadores” como Laureano Márquez, César Miguel Rondón, Valentina Quintero y Asdrúbal Aguiar de IDEA, el organismo que reúne a expresidentes neoliberales de América Latina y España como Aznar, Óscar Arias, Laura Chinchilla, Pastrana o Tuto Quiroga.
A través de la conferencia del Plan País en 2014 comenzaron a proyectar internacionalmente a Juan Requesens, Rodrigo Diamanti y a Roberto Patiño Guinand (atentos a ese nombre en las próximas líneas).
Pero volvamos a 2015 cuando se reveló una conversación entre Ricardo Hausmann y el presidente de Polar, Lorenzo Mendoza. “Yo estoy en guerra” le precisó el empresario al economista, quien a su vez comentaba que el monto de financiamiento proveniente del FMI, requerido por Venezuela, se calculaba en 60 mil millones de dólares.
El plan de Hausmann , expuesto grosso modo desde 2014, prevé una moratoria o suspensión de pagos de la deuda externa y destinar esos recursos y los provenientes de los multilaterales a recuperar y mantener un ritmo de importaciones similar a los de años de Cadivi y que llegaron en 2012 a superar los 50 mil millones de dólares.
Ese programa se mantiene y así lo ha confirmado un encuentro que sostuvo Miguel Ángel Santos (segundo a bordo de Hausmann) con tenedores de bonos venezolanos en un escritorio legal de Nueva York la primera semana de abril. Allí expuso la decisión de un hipotético nuevo gobierno de Guaidó de decretar una restructuración de más de 150 mil millones de dólares. La medida implica claramente una postura que favorece a los sectores comerciales e importadores y que “afecta” a la burguesía financiera y sus aliados globales, que hasta ahora habían venido recibiendo sus pagos al vencimiento durante los últimos 4 ó 5 años.
Obviamente, con nombre y apellido, uno de los grupos más favorecidos serían las Empresas Polar.
Sobre la presencia de Polar en la orientación de la conspiración hay que mencionar al joven Roberto Patiño Guinand, quien es el coordinador del voluntariado para la ayuda humanitaria.
Su madre es Marisa Guinand, quien es la segunda o tercera ejecutiva del grupo empacador de alimentos (incluso antes de que el control lo tuviera Mendoza), es egresado de la escuela Kennedy de Harvard y dirige un programa de comedores para niños en zonas populares de Caracas. Tiene una poderosa proyección internacional, con visitas de los embajadores europeos a las zonas donde opera y acompañó a Borges en gira europea de 2017 durante la cual tuvo una cuidadosa cobertura por agencias de prensa.
Uno dato medular para confirmar que la “operación Guaidó” es corporativa es justamente la ausencia de una alianza de partidos. Solo aparecen algunos dirigentes de Voluntad Popular pero ni siquiera se puede asegurar que están todos. Pero los que no faltan son los asesores empresariales de Polar, quienes como el “procurador especial”, José Ignacio Hernández, han asumido posiciones de poder.
